Tres extrabajadores de RTVV piden ser reconocidos como empleados públicos

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por tres extrabajadores de Radiotelevisión Valenciana que reclaman que se les reconozca la condición de empleados públicos y, con ella, la inamovilidad, de manera que la Generalitat les adjudique un nuevo destino.

El recurso, que llevan los abogados Maite Soriano y José Luis Espinosa, y al que ha tenido acceso EFE, pretende que la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo declare la vulneración del derecho constitucional a la igualdad en el acceso a la función pública.

El origen de este proceso judicial se remonta a febrero de 2015, cuando la Conselleria de Hacienda desestimó la solicitud de tres extrabajadores de RTVV -que accedieron a su puesto de trabajo en 1989 tras superar un concurso oposición- de ser considerados empleados públicos de la Generalitat.

Ante esa resolución administrativa, interpusieron un recurso contencioso administrativo para la protección de derechos fundamentales, en defensa del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó en marzo de 2016.

Los extrabajadores presentaron entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado mes de enero y que en estos momentos tiene abierto el plazo para la presentación de los escritos de oposición.

El recurso sostiene que estos extrabajadores de RTVV son empleados públicos, cuyos derechos constitucionales se han vulnerado por causa del cierre del ente público, en particular porque no les asiste el derecho a la inamovilidad del puesto.

Los recurrentes argumentan que reúnen unas características específicas que permiten compararles a los funcionarios de carrera, pues accedieron al ente público mediante la participación en pruebas selectivas, previamente convocadas públicamente, y que sus respectivos puestos fueron dotados presupuestariamente.

El escrito insiste en que la pretensión no es que se les reconozca como funcionarios ni se les otorgue un puesto de trabajo fijo ni una indemnización, sino que se equipare el servicio prestado ante un ente público con el que un empleado público presta a la Administración y tengan un trato semejante.

"La única diferencia que existe entre los trabajadores de Canal 9 aquí representados y cualquier otro empleado público (o del sector público) es que estos son inamovibles, aun cuando pueda amortizarse su puesto de trabajo", señala el recurso.

El recurso no pide la adscripción a una relación de puestos de trabajo, sino que, dado que la plaza a la que optaron en su momento no existe ya y no puede compararse con ninguna otra, pues la Generalitat "carece de otra televisión pública", sea la Administración autonómica la que decida qué destino les corresponde.

Los recurrentes argumentan además que RTVV es "la única excepción" en la que la Generalitat no ha dado "una solución integradora a los trabajadores de un sector público instrumental", pues "a todos ellos se les ofreció una solución menos gravosa".

"La diferencia de trato resultante del cierre de RTVV entre trabajadores laborales, estatutarios o funcionariales se basa en razones meramente nominales", argumentan.

Finalmente, señalan que, "habida cuenta de que los recurrentes gozaban del mismo sistema retributivo que los funcionarios de la Generalitat, se concluye que pertenecen a la misma categoría" y en consecuencia "también deberán extenderse los demás derechos que disfrutan los funcionarios, concretamente la inamovilidad del puesto".