150.000 euros para ser socio de la firma que quería copar la licitación de obra pública

No sólo la organización de campañas electorales era el objetivo del entramado de empresas vinculadas a Sáez Tormo. La cabecera del entramado la ocupaba Laterne. El director general, Ángel Navarro, provenía de Feria Valencia.

Pero, al parecer, según revela la declaración del testigo Gordillo, trabajaban en otras oportunidades de negocio con métodos no del todo transparentes. Aquí intervenía la empresa Product Management Council. Era una mercantil sin empleados, pero el objetivo inicial era concurrir junto con otras empresas a licitaciones de obras públicas y «así intentar repartirse el mercado». Supuestamente se mantuvieron reuniones con empresarios a las que también acudía el exvicealcalde de Valencia. Cada interesado en formar parte de esta sociedad debía abonar 150.000 euros para entrar a formar parte de la entidad. Finalmente, según el propio Gordillo, la sociedad no llegó a presentarse a ningún concurso público al menos durante su etapa en la matriz del grupo.

Llama la atención la supuesta presencia en esas citas del letrado José María Corbín, el cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá. El testigo informa de que cobraba 3.000 euros al mes por asesorar a la citada mercantil. LAS PROVINCIAS se puso ayer en contacto con el abogado quien negó haber participado en esos encuentros y ser el representante legal de la mercantil. Además, añadió que nunca ha hablado con Jesús Gordillo. La Fiscalía de Valencia mantenía hasta la fecha una diligencias de investigación penal a raíz de un informe de la Agencia Tributaria sobre las mercantiles relacionadas con el letrado.

Conferencia de Barberá

Otra de las mercantiles vinculadas al grupo de Sáez Tormo era City Marketing Council que supuestamente es la que organizó una conferencia de Rita Barberá en Estados Unidos. Global Project se encargaba, por su parte, de gestionar las relaciones con la institución ferial.

Esta subpieza cuyo secreto finalizó el pasado viernes hace referencia a los comicios de 2007. El juez ya investigaba las elecciones de 2011 y 2015 por un supuesto delito electoral, es decir, la financiación irregular. Alfonso Grau sólo evitó verse salpicado en el último proceso. Pero eran numerosos los indicios que apuntaban a su gran poder de decisión en el organigrama del PP, según los informes de la UCO. Por ejemplo, estuvo autorizado en la polémica cuenta del Sabadell. Dejó de tener acceso en 2015. No obstante, el vicealcalde sí figuraba en esa libreta durante el periodo que se investiga. Un informe de la UCO recoge que podía controlar esa cuenta desde octubre de 2012 hasta abril de 2015. Las otras dos personas con capacidad de maniobrar en ese depósito están ya investigadas: García Fuster y María José Pi Palau, mano derecha de la primera.

Existen otros indicios en contra del que fuera estrecho colaborador de Barberá en el Ayuntamiento y cuya relación se destruyó en los últimos meses de legislatura a raíz del caso Nóos y la posición que ocupaba en la lista su mujer María José Alcón.

La exsecretaria del Grupo Municipal, García Fuster, declaró en su comparecencia que era Grau quien se encargaba de los pagos que se hicieron al Grupo Trasgos, la agencia de comunicación que cobró de la cuenta sin fiscalizar del grupo. Las mismas fuentes indicaron que Grau era la persona de contacto para decidir estas cuestiones. Y desde la mercantil reconocieron que se reunieron con el dirigente para la organización de la campaña.