Un testigo acusa a Grau de pedir facturas falsas por 500.000 euros para ocultar pagos en B de la campaña

El testimonio de Jesús Gordillo, el que fuera mano derecha de Alfonso Grau y persona de su máxima confianza, no puede dejar al exvicealcalde en una situación más comprometida de cara al horizonte judicial que le aguarda. El escenario que revela el testigo reúne todos los ingredientes de una «dinámica delictiva» cuyo fin era el pago de las campañas electorales del Partido Popular de Valencia. No cree el fiscal que estos supuestos fueran «accidentes aislados» sino parte del «firme propósito» de la organización de actuar al margen de la ley y burlando la normativa electoral. Ahora, de hecho, el juez ha ampliado la investigación del blanqueo y delito electoral a nuevos ilícitos de malversación y cohecho.

La causa parte de la documentación que Gordillo recopiló de la empresa Laterne, una de las sociedades del entramado empresarial de Vicente Sáez Tormo, amigo íntimo de Alfonso Grau. La citada agencia de comunicación firmó un contrato para la campaña electoral de 2007. El importe era de 150.000 euros que, según el sumario cuyo secreto venció el pasado viernes, fueron abonados por la secretaria del Grupo Municipal del PP Mari Carmen García Fuster. Le dio un cheque a Gordillo y este fue y se lo entregó a la agencia. Se ignora desde qué cuenta se respaldó el documento.

La investigación en la pieza principal ha permitido conocer que el Grupo Municipal contaba con al menos una cuenta opaca -al margen de cualquier fiscalización del Tribunal de Cuentas o del PP provincial- desde la que supuestamente se realizaron pagos de las siguientes elecciones autonómicas (2011 y 2015). Pero esa cantidad -los 150.000 euros- era teóricamente la oficial. El coste de los actos electorales, en realidad, multiplicaron esa cifra. Según la documentación de la propia empresa eran más de tres millones de euros, una cuarta parte de lo que por ejemplo presupuestó Génova para los últimos comicios generales.

¿Y cómo se pagaba ese despliegue de medios? La tesis de Gordillo es que Laterne era el instrumento que se utilizaba para canalizar las «aportaciones» de empresas beneficiarias de adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia. Ese dinero se entregaba como agradecimiento por contratos anteriores o para asegurarse las licitaciones futuras. Los primeros resultados de la investigación de la Guardia Civil darían credibilidad al relato del testigo, que se encargaba de la campaña electoral de 2007.

Las empresas subcontratadas por Laterne para sufragar los actos del PP empezaron a quejarse de que no habían cobrado, según el propio testigo. Las llamadas de proveedores a la Alcaldía de Valencia se sucedían ante la demora de los pagos. La Guardia Civil cree que a 29 de febrero de 2008 el PP debía a Laterne 280.000 euros, y que es posible que algunos actos ya se hubiesen abonado, por lo que los gastos de campaña habrían sido aún mayores, por encima de los 150.000 euros comprometidos mediante contrato. De la documentación se desprende la cifra de tres millones.

Ante esta situación, se organiza una reunión a la que asiste el empresario Sáez Tormo y Alfonso Grau. Participa, además, Jesús Gordillo. Y le adelantan que él se iba a encargar de pagar todas esas deudas. «Alfonso Grau me entregó un sobre con 350.000 euros en efectivo en billetes de 500 euros», indicó a los agentes de la Guardia Civil. En total, más de 700 billetes cuyo origen entonces desconocía el testigo. «Además, me dio instrucciones para cobrar un cheque bancario de la empresa Secopsa por importe de 150.000 euros». Esta empresa se ha encargado de la basura de dos distritos de Valencia y del mantenimiento de los edificios municipales. Se trata, sin duda, de una de las mercantiles con mayores ingresos del Consistorio valenciano.

A continuación, se da una circunstancia que evidencia el gran control que el exvicealcalde tenía sobre la mercantil. Explica Gordillo que se vieron obligados a camuflar esa inyección económica -los 500.000 euros- facturando a las empresas donantes por conceptos ficticios, es decir, por servicios que nunca habían realizado. «Por orden suya desde el departamento de administración se giraron facturas a esas empresas para dar soporte a la entrada de dinero y ocultar que eran otras mercantiles las que asumían el coste de determinados actos electorales». El testigo identifica a tres personas del departamento de administración que presuntamente acataron las órdenes que le llegaban desde la vicealcaldía.

El colaborador de la Fiscalía Anticorrupción da detalles de dónde se produjo la entrega del dinero: en el despacho de la calle Correos. Le dio un sobre. No se preguntó acerca de la ejemplaridad de aquella acción. Se jugaba su puesto de trabajo. También se justifica: «Era un mandado y entonces Grau me parecía una persona honrada y confiaba en él». Gordillo se llevó todo el dinero a casa y durante los siguientes días (29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008) se dedicó a pagar a las empresas que habían realizado el trabajo. Tras recorrerse todos los bancos de la calle Barcas y Correos para realizar los correspondientes ingresos y saldar las deudas, Gordillo admite que le sobraron 15.000 euros. «Se los devolví a Grau».

El exvicealcalde tenía interés en que esas empresas recibieran el dinero porque, al parecer, la organización de la campaña era responsabilidad de Grau. Inicialmente los proveedores contratados por Laterne facturaron de forma correcta, es decir, indicando los conceptos reales pero «como el partido no se iba a hacer cargo de los gastos», se eliminaron las alusiones a la campaña y se giraron nuevas facturas.

Al parecer, esta vía de financiación no era la única con la que contaba la empresa Laterne. Las investigaciones apuntan a que un entramado de fundaciones vinculadas al Ayuntamiento de Valencia también inyectaban dinero a la entidad. Se trata de la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo. La operativa sería similar: pagar a Laterne por servicios que, en realidad, no habían hecho.

De esa forma, se justificaba la salida de fondos. Entre la información que aportó el PSPV en aquellos plenos -Ana Botella estaba al frente del grupo socialista municipal- resulta revelador que el 82% de la facturación del grupo Laterne a sociedades financiadas por el Ayuntamiento fuera entre 2006 y 2008. Un periodo que engloba la celebración de elecciones municipales. Grau siempre se mostró reacio a facilitar documentación sobre el entramado de esas sociedades.