Gabriela Bravo abre una crisis en la Conselleria de Justicia al preparar cambios en el segundo escalón

La conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas que dirige Gabriela Bravo experimentará cambios en su segundo escalón en las próximas fechas. La consellera ha comunicado ya al subsecretario de este departamento, Luis Felipe Martínez, la decisión de prescindir de sus servicios. Martínez, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia, se mantendrá en el cargo el tiempo imprescindible hasta encontrar un sustituto -labor a la que la consellera ya se ha puesto manos a la obra-. No será el único cambio. La directora general de Justicia, Mª Ángeles García Vidal, habría expresado ya su voluntad de abandonar el cargo. Y Bravo podría aprovechar esta crisis en su departamento para hacer los dos relevos a la vez.

La salida de Martínez, un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado con una dilatada trayectoria en la administración pública -ha sido subdirector general de Ordenación y Política de Personal en el Ministerio de Sanidad y Consumo, secretario general de la Consellería de Administración Pública, director general del Servicio Valenciano de Salud, director general de la Función Pública, director general de Personal de la Consellería de Educación y Ciencia, además de Subdelegado del Gobierno en Valencia- tiene un calado más que significativo. No sólo porque ocupa un puesto clave en cualquier conselleria -el subsecretario es el encargado de garantizar el encaje legal de las decisiones políticas y administrativas que se adoptan en el departamento-, sino porque Martínez representa la única vinculación de esa conselleria con el PSPV.

Bravo, es cierto, fue propuesta para el cargo por Ximo Puig, porque correspondía a la cuota socialista. Pero el jefe del Consell optó por situar al frente de Justicia a una independiente. En este caso, a una fiscal de reconocida trayectoria, que acababa incluso de ser portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero que la propuesta del máximo responsable de la conselleria fuera del PSPV no supuso que Bravo se sintiera obligada a situar en su equipo -el segundo escalón de la conselleria- a cargos de ese partido. De hecho, únicamente Martínez tenía ese carácter. El resto de puestos directivos están ocupados, bien por dirigentes de Compromís -en virtud del mestizaje entre los dos partidos que forman el Consell-, bien por cargos independientes propuestos por la propia Bravo.

En el fondo de la marcha de Martínez, que podría concretarse este mismo viernes si Bravo dispone ya de un relevo, según las fuentes consultadas por este diario, aparece tanto una relación personal entre ambos más que mejorable -se asegura que la consellera ha llegado a dirigirse incluso a su subsecretario en términos poco elegantes- como el hecho de que la fiscal no mantendría una buena relación con los cargos políticos de la conselleria y prefiere abordar los asuntos de la gestión del día a día con los jefes de área y de servicio que trabajan en este departamento.

Sin comité de dirección

De hecho, una prueba de esa circunstancia sería las escasas reuniones del comité de dirección de la conselleria. El órgano que componen la propia consellera, el secretario autonómico, el subsecretario, los directores generales y el jefe de gabinete, y que está encargado, teóricamente, de marcar las líneas de la política de este departamento sólo se ha reunido en una ocasión desde el pasado mes de junio. Los comités de dirección del resto de consellerias se reúnen de forma quincenal o mensual, según se indicó a este diario.

La marcha de Martínez, un profesional con un currículum envidiable -Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Licenciado en Derecho por la UNED, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, Máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia (Estudi General), Máster en Dirección y Gerencia Pública por la Universidad Politécnica de Valencia, Máster en Métodos Cuantitativos de Gestión por la Escuela de Organización Industrial y Cursos de Doctorado en Derecho- podría dejar al PSPV sin una sola pieza propia en una conselleria teóricamente bajo su responsabilidad.

A la salida de Martínez se unirá, previsiblemente, la de la directora general de Justicia, Mª Ángeles García Vidal. Nombrada como el subsecretario en julio de 2015 -recién aterrizada Bravo al frente de la conselleria-, esta magistrada fue un fichaje de la propia consellera, que como en otros cargos de su departamento optó por buscar a una profesional vinculada al ejercicio de la Justicia para el desempeño de este cargo.

No han trascendido desavenencias públicas entre García Vidal y la consellera, aunque algunas fuentes consultadas por este diario habrían sugerido el «difícil carácter» de la consellera como motivación última que habría desembocado en la decisión de su directora general de abandonar el puesto.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que Bravo podría tratar de unir las dos sustituciones -que tienen que pasar por el pleno del Gobierno valenciano-, con el objetivo de reducir al menor tiempo posible la interinidad en su departamento.

La verdadera mano derecha de Bravo en el día a día de la gestión de la conselleria es el director general de Reformas Democráticas, José García Añón. Este profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universitat de València fue nombrado catedrático en noviembre de 2016.

Una designación no exenta de polémica, toda vez que el presidente del tribunal ante el que se examinó García Añón para ser catedrático era Francisco Javier de Lucas Martín, Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y Director de l'Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València, que recibió una subvención de la conselleria de la que el propio Añón es alto cargo. De Lucas está considerado como un amigo personal de Bravo, hasta el punto de haberla presentado en alguna conferencia.

Para designar a García Añón, Bravo tuvo que vencer las resistencias que encontró en el PSPV. Para esa dirección general se le llegaron a poner sobre la mesa dos nombres -los de Joaquín Martín Cubas y Artemi Rallo-. Pero la fiscal decidió que la propuesta para ese cargo la haría ella y situó a García Añón.

La relación de Bravo con su director general contrasta con la que mantiene con su secretario autonómico, Ferran Puchades (Compromís). La consellera ha mantenido alguna discrepancia seria con él y, a pesar del mestizaje, Bravo trabaja prácticamente al margen de su teórico número dos.