Archivada la querella de un exgerente de Imelsa contra Pérez Garijo por injurias

El Juzgado de Instrucción número 14 de València ha archivado la querella por presuntas injurias y calumnias presentada por el exgerente de Imelsa, Rafael Soler, contra la diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo.

En dicha querella, Soler acusaba a la diputada de posibles injurias al imputarle, en una rueda de prensa realizada 22 de abril de 2015, la supuesta autoría de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, y le reclamaba el pago de 15.000 euros en concepto de indemnización por "vulneración de su derecho al honor".

Según el dictamen judicial, fechado el 24 de marzo de 2017, la diputada de Esquerra Unida se limitó a entregar a los medios de comunicación unos documentos que obran en la causa, haciendo referencia al querellante como gerente de Imelsa en diversos años de la etapa anterior a la gerencia de Marcos Benavent, informa EUPV en un comunicado.

El juzgado considera además que la información entregada era "veraz, lo que significa que era legítima y, por lo tanto, amparada por el ejercicio de la libertad de expresión", reforzado con el criterio constitucional, y considera que Pérez Garijo "no violó el derecho al honor" de Soler, lo que determina el archivo de las actuaciones.

Con esta decisión judicial "se pone fin a una persecución contra la representante de EUPV en la Diputación de Valencia que impulsó la mayor tarea de fiscalización de la historia de la corporación provincial y que acabó desembocando en el caso Taula, que se ha convertido en la causa contra la corrupción más importante del País Valenciano", informan desde Esquerra Unida.

La diputada Rosa Pérez, por su parte, ha señalado en un comunicado que ésta era la última de las cinco querellas que se han interpuesto contra ella como consecuencia de la denuncia del caso Taula.

Para Pérez Garijo "durante todo este tiempo hemos podido ver qué es lo que realmente tenía relevancia y recorrido penal", y ha recordado que "continúa viva" la denuncia que presentó en julio de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción y el procedimiento judicial que se ha derivado de la misma, "que apunta hacia el Partido Popular como una presunta organización criminal".