El Consell tarda casi cinco años en extinguir la fundación de La Luz de las Imágenes

Casi cinco años. Este ha sido el tiempo que ha tardado el Consell en extinguir la fundación La Luz de las Imágenes, la entidad pública que se dedicó a difundir el patrimonio histórico, artístico y cultural de la Iglesia Valenciana. La medida fue publicada el lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y anunciaba que el secretario autonómico de Justicia y Administración Pública, Ferran Puchades, había inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat la baja del ente junto a la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado.

El Gobierno dirigido por Alberto Fabra fue el que comunicó en agosto de 2012 la supresión de nueve fundaciones (entre ellas La Luz de las Imágenes) en un plan cuyo principal objetivo era la reducción del gasto público, que entonces estimaron en algo más de diez millones. La Luz de las Imágenes se cerró con el argumento de que en 2015 la conselleria de Cultura no tenía previsto asignarle ningún presupuesto. La medida supuso uno de los ahorros más significativos, de cuatro millones de euros, pero también la apertura de un ERE y la eliminación de los 34 puestos de trabajo que conformaban la plantilla. La fundación terminó de operar el 31 de diciembre de 2014 y dejó así atrás quince años de exposiciones, restauraciones y talleres didácticos de la Iglesia valenciana. Las funciones de la organización pasaron a ser absorbidas por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (Ivacor), que ya advirtió que sería muy difícil realizar al completo todas las responsabilidades que antes recaían en la fundación pública.

La llegada del Consell formado por PSPV y Compromís no ha supuesto el fin de la extinción de fundaciones, que consideran que pueden convertirse en un nido de corrupción. Puig anunció hace un año una «normativa de transición» que afecta a las mismas hasta la aprobación de la futura Ley de Sector Público. El objetivo, reducir el peso de las administraciones en las fundaciones y garantizar un «control exhaustivo» sobre estas para convertirlas en organizaciones «totalmente transparentes».

Jaume II el Just

Siguiendo esta línea, el pasado enero el Ejecutivo valenciano puso punto y final a la fundación Jaume II el Just, el germen del 'caso Imelsa'. La entidad, en la que trabajaron el Marcos Benavent (el autodenominado yonki del dinero) y Vicente Burgos, exgerente de la organización, nació en 1999 para promover el monasterio de Simat de la Valldigna. Fue en la fundación donde supuestamente Benavent comenzó su actividad recaudadora para el PP, según sus propias revelaciones. Su nómina la cobraba de la entidad pero, en realidad, no desempeñaba ningún trabajo. Con la extinción, Puig se evitó que Jaume II el Just volviera a suponer un problema con el Consell y decidió que sus competencias pasasen a ser asumidas por la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte.

La que sigue pendiente de una decisión es Favide. El departamento que dirige Gabriela Bravo sigue sin adoptar una decisión con la Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar a pesar de que ya ha puesto en marcha la red pública de oficinas de atención a las víctimas del delito. El debate respecto a qué hacer con el personal que se vería afectado -baría que hacer un ERE o, en su defecto, incorporarlo a la Generalitat- provoca que Justicia lleve ya un año y medio sin adoptar una decisión definitiva. Favide es una de las fundaciones cuya extinción también anunció el Consell a mediados del año 2012.