El Gobierno pondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la función social de la vivienda valenciana si no se rectifica

El Gobierno de España ha mostrado sus discrepancias sobre algunos apartados de la ley de la función social de la vivienda, que fue aprobada por Les Corts el pasado 25 de enero con el apoyo de todos los grupos menos el PP, y ha propuesto la creación de una comisión bilateral para intentar resolverlas.

Así lo ha dado a conocer en los pasillos de Les Corts la consellera de Vivienda, María José Salvador, quien ha recordado que la comisión bilateral es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue en ella un acuerdo.

Salvador ha lamentado que el Gobierno de España interprete que la ley valenciana es inconstitucional en cuestiones "básicas y esenciales" de esa norma, con la que el Gobierno valenciano ha dado "el gran paso" de reconocer el derecho a la vivienda como "un derecho humano".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno cuestione que la vivienda sea "un derecho subjetivo", es decir, que las Administraciones tengan la responsabilidad de garantizar ese derecho a las personas que lo necesitan, como reconoce el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La consellera ha explicado que el Gobierno cuestiona además la mediación contemplada en la ley, según la cual la Administración se podrá sentar con entidades bancarias y particulares para intentar un acuerdo en casos de ejecución hipotecaria y evitar que pierdan su vivienda, por ejemplo modificando el contrato de compraventa por uno de alquiler con derecho a compra.

Ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de actuar "como el perro del hortelano", porque ni tiene "una auténtica ley de segunda oportunidad" para garantizar el acceso a la vivienda y evitar los desahucios, ni deja que las autonomías que dan ese paso "valiente y sincero" lo regulen.

Salvador, quien ha recordado que solo el PP votó en contra de esta ley que tiene la "clara convicción" de situar a la Comunitat Valenciana "en la vanguardia y en la modernidad" del derecho a la vivienda digna, ha considerado que si el Gobierno central no regula estas cuestiones, tienen que hacerlo las autonomías.

Ha destacado que, desde que hace un mes entró en vigor esta ley, se han puesto en marcha tres oficinas Infovivienda en la Comunitat que han asistido y asesorado a 247 personas, de las que seis estaban afectadas por un proceso de desahucio o ejecución presupuestaria, que se han resuelto por la mediación.

"La ley funciona y es útil", ha reivindicado la consellera, quien ha pedido a Rajoy "sensibilidad social" y ha agregado que se sentarán en la comisión bilateral, pero defenderán las líneas básicas de la norma.

Según la consellera, las Administraciones tienen la obligación de proteger a las personas que no tienen un techo, o que están en situación de perderlo.