El Consell prepara un órgano para el control político de radios y televisiones privadas

La ley de creación de la nueva radiotelevisión valenciana, aprobada el 15 de julio del año pasado, contemplaba la puesta en marcha de un Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un órgano muy similar al polémico Consell Audiovisual Català (CAC). Entre los objetivos del nuevo organismo -el Gobierno valenciano ya ha preparado un borrador cuya aprobación prevé «para los próximos meses», indican desde el Palau- figura el de poder intervenir en los contenidos y la publicidad en los medios audiovisuales públicos y privados, e incluso el de poder adoptar medidas en relación con el uso del valenciano,. Todo un órgano de control político de los medios que, en el caso de Cataluña, ya ha generado fuertes polémicas por la tendenciosidad con la que ha venido desarrollando su labor.

Las funciones

Podrá sancionar los contenidos del sector

¿Cuáles son las funciones del CACV? El Consejo Audiovisual podrá pedir a emisoras de radio y televisión públicas y privadas los datos para comprobar que «cumplen con sus obligaciones», realizar inspecciones a cuyo efecto el personal funcionario que dependerá de este órgano tendrá «la condición de autoridad pública» y «requerir el cese de aquellas prácticas que contravengan las disposiciones establecidas en esta ley y sus normas de desarrollo».

El borrador del anteproyecto añade que el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana dispondrá de «competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos del sector, incluidos los formatos y las vías de transmisión, atendiendo a las prioridades derivadas del interés público y la responsabilidad ante la ciudadanía».

También podrá «requerir a los anunciantes y empresas audiovisuales «el cese o rectificación de la publicidad ilícita o prohibida» y «ejercer la potestad sancionadora», pero la recaudación de las multas que imponga se realizará a través de la administración del Consell, no directamente.

Junto a la capacidad de intervención sobre contenidos y publicidad, el nuevo órgano podrá, según se recoge en el borrador del anteproyecto de ley, velar por que la actividad de los operadores del sector audiovisual contribuya «a reforzar la identidad y los rasgos culturales y lingüísticos de la Comunitat Valenciana». Una alusión que no se puede pasar por alto si se tienen en cuenta algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno valenciano, y en especial por el titular de Educación, Vicent Marzà, en relación con el uso del valenciano.

El nuevo órgano pretende adoptar «las medidas necesarias para neutralizar los efectos de la difusión o introducción en la programación o la publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad y la igualdad», garantizar los derechos de los menores, jóvenes, tercera edad, discapacitados e inmigrantes. Asimismo, deberá potenciar la tolerancia, la solidaridad y el voluntariado y evitar la inducción a comportamientos violentos e insolidarios.

En la exposición de motivos del borrador de este anteproyecto de ley se pone de relieve una declaración de intenciones: «El Consejo del Audiovisual se configurará como una auténtica autoridad independiente sobre toda clase de medios de comunicación audiovisuales de titularidad o gestión pública o privada».

El CACV tiene por finalidad, de acuerdo con el borrador, garantizar el libre acceso a la comunicación audiovisual, la transparencia y el pluralismo de los medios, su independencia e imparcialidad, promocionar y apoyar al sector audiovisual, la utilización del valenciano, el respeto a la pluralidad, a la diversidad y a la discapacidad, a la igualdad, a los derechos de los menores, a que no se discrimine a las minorías y el respeto a la transversalidad de género.

Entre sus funciones, figura también la de adoptar «resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación» y «atender las quejas formuladas por los usuarios».

El CACV también estará facultado para «otorgar los títulos habilitantes» de los prestadores públicos de ámbito local y autonómico de radio y televisión, «vigilar el cumplimiento de la función de servicio público que tienen encomendada», y adecuar los recursos públicos asignados para ello.

Otra de sus funciones es aprobar los pliegos de condiciones de los concursos para otorgar licencias, concederlas, así como autorizar la renovación de las mismas y promover «la autoregulación» en la publicidad y en los contenidos.

El consejo

El Consell nombrará a tres y Les Corts elegirá a cinco

El Consell del Audiovisual dispondrá de ocho miembros, con un presidente con rango y sueldo de secretario autonómico (58.162,44 euros), que lo designará «Presidencia de la Generalitat», en este caso, el presidente de la Generalitat es Ximo Puig, y un vicepresidente que podrá tener dedicación exclusiva con rango de director general e idéntica percepción (55.945,12 euros) que será nombrado por los propios consejeros. Cinco de estos serán elegidos por Les Corts y tres los nominará directamente el Gobierno valenciano. Todos ellos serán designados, indica el borrador de este proyecto de ley, entre personas de reconocido prestigio, con 10 años de experiencia profesional, docente o investigadora en el ámbito de la comunicación audiovisual. La elección en el Parlamento valenciano se realizará en primera instancia con el apoyo de dos tercios de los diputados, pero pueden ser elegidos por mayoría absoluta en una segunda votación. Los vocales serán nombrados por un periodo de cinco años y pueden ser reelegidos una sola vez. Estos percibirán una indemnización por la asistencia a los plenos.

La condición de miembro del Consell Audiovisual «es incompatible con ser miembro de Les Corts o del Consell, así como con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación políticas, y con el ejercicio de funciones de alta dirección en partidos políticos, u organizaciones sindicales o empresariales. Tampoco podrán tener, ni directa ni indirectamente, intereses en empresas audiovisuales, de cine, de vídeo, de prensa, de publicidad, de informática, de telecomunicaciones o de internet».

El responsable de la secretaría general del CACV dispondrá de voz en los plenos, pero no tendrá voto y será un funcionario de carrera con la licenciatura de Derecho. Su nombramiento o destitución correrá a cargo del presidente del consejo y ejercerá como asesor jurídico de los miembros de este organismo.

El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana contará, aproximadamente, con el número de empleados que actualmente dispone la Secretaría Autonómica de Comunicación, apuntaron desde Presidencia de la Generalitat, aunque no precisaron el número. El consejo se reunirá al menos una vez al mes y contará con la asistencia de la secretaría general.

Además del consejo, habrá un comité consultivo que será «el órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del CACV», que se convocará al menos una vez cada cuatro meses. Habrá siete vocales y un presidente, el mismo que el del consejo. Los vocales no tendrán dedicación exclusiva ni el puesto dará derecho a una remuneración, salvo las indemnizaciones por asistencia a las sesiones.

«Las decisiones del consejo deben adoptarse en el pleno por mayoría simple», salvo las propuestas de nombramientos que se eleven a Les Corts, la aprobación del reglamento orgánico y de funcionamiento o la aprobación de su informe anual. Esto significa que la adjudicación o renovación de licencias para emisoras de televisión o radio, o incluso las sanciones a empresas privadas y públicas de radio y televisión podrá realizarse por mayoría simple de los ocho miembros de la entidad. Cabe recordar, además, que el presidente dispone de un voto de calidad, con lo que en caso de empate es el hombre nombrado directamente por el presidente de la Generalitat el que tiene la potestad de inclinar la balanza.

El alcance del CACV

Intervendrá en la adjudicación de licencias

Pero no quedará ahí su alcance. «El Consejo del Audiovisual Valenciano intervendrá también en los procesos de adjudicación de licencias», se indica en el borrador. También dispondrá de competencias en la gestión del archivo audiovisual que pueda crear la Generalitat.

La Secretaría Autonómica de Comunicación, el área de la que depende esta futura ley, justifica la iniciativa al asegurar que es «necesario» regular la creación de una autoridad audiovisual «independiente» encargada de «velar por el respeto de los derechos y libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales» en la Comunitat.

Se configura como una entidad de derecho público, independencia y autonomía orgánica y funcional.

Su ámbito de actuación es la radio y la televisión, tanto públicas como privadas, así como «cualquier otro formato de comunicación audiovisual destinado a la comunicación de masas, independientemente de su forma de emisión o tecnología empleada».

En el proyecto se recoge que la actuación de este organismo «y la de cada uno de sus miembros deberá inspirarse en el respeto a los principios de libertad de expresión y difusión, derecho al honor e intimidad, derecho a la comunicación y a la información veraz, igualdad y no discriminación, y en la compatibilidad de dichos principios con los de pluralismo, objetividad, transparencia y libre concurrencia en el sector audiovisual».