Rafael Blasco pide su primer permiso penitenciario

El exconseller Rafael Blasco, que cumple una condena de seis años y medio de prisión por el desvío de ayudas para países en vías de desarrollo, ha solicitado ya un permiso penitenciario. Lo habitual en las primeras oportunidades son salidas de tres días. Ahora será la Junta la que deba pronunciarse acerca de la solicitud. Su informe no es vinculante, aunque sí resulta importante a la hora de que el juez de Vigilancia Penitenciaria decida si concede la salida al preso. Si el dictamen de la junta es negativo, también se puede recurrir ante el juzgado.

Existe cierta esperanza en el entorno del exconseller. Se dan al menos dos precedentes en el conocido como caso Cooperación que invitan a ser optimistas. El de Tina Sanjuán resulta, sin duda, el más significativo. La que fuera mano derecha del exconseller acaba de salir de la cárcel -todavía tiene otro permiso de tres días pendiente- y obtuvo la autorización tras el rechazo de la prisión de Picassent, pero posteriormente contó con el visto bueno del juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

La situación de Sanjuán sería equiparable a Blasco. Se trata de presos cuya conducta, tal y como era previsible, no ha generado ningún problema en la penitenciaría. Además, se dan otras circunstancias como que no pueden volver a delinquir porque ambos se encuentran jubilados. Tampoco parece que se dé un riesgo de fuga. Blasco permaneció buena parte de la investigación sin ninguna medida cautelar. La instructora rechazó esta medida cuando Anticorrupción la solicitó.

El empresario Augusto César Tauroni también ha disfrutado recientemente de un permiso penitenciario de seis días. Fue justo durante las pasadas Fallas. Su salida coincidió con la declaración que, en teoría, iba a prestar en el juzgado de Instrucción 21 para confesar su participación en la trama. El relato de hechos se perfiló en varias reuniones que Anticorrupción había mantenido en la prisión de Albocàsser. Pero todo estalló unos días antes de la declaración clave. Un hecho relevante y que afectaba a la seguridad de las personas -no se concretó más- hizo que el fiscal del caso no acudiera a la comparecencia. Y, entonces, Tauroni no quiso declarar. El empresario mantiene su intención de colaborar con la Justicia. Algunas fuentes apuntan a que la negociación está definitivamente rota, mientras desde las defensas se confía en que el acuerdo finalmente sea posible.

Ninguno de los tres protagonistas anteriores ha abonado la responsabilidad civil de la primera pieza del caso Cooperación, que supera ampliamente el millón de euros. Este factor también incide a la hora de autorizar permisos. Y precisamente parece ser el mayor punto de discusión en los acuerdos que se negocian -o negociaban- con los acusados.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, por otra parte, acordó ayer seguir trabajando activamente para conseguir una «sentencia efectiva» que suponga la restitución de los fondos defraudados, según decidieron ayer en su trigésima quinta asamblea. La entidad ejerce la acusación popular.