La consellera Gabriela Bravo proyecta un instituto con 23 personas, de las que 19 serán jefes

El futuro Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, un organismo cuya creación viene recogida en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat que impulsa la conselleria de Justicia, prevé una plantilla con un total de 23 puestos de trabajo, de los que 19 tienen la condición de jefatura. Puede sonar a broma, pero el aviso dirigido al departamento que dirige Gabriela Bravo es del propio Gobierno valenciano, y en concreto, de la dirección general de Presupuestos de la conselleria de Hacienda.

Este departamento, que dirige José Moreno, ha elaborado un informe sobre el impacto en las arcas públicas de la creación de este nuevo organismo. Y resulta demoledor. El documento, al que ha tenido acceso este diario, enumera con detalle las 19 jefaturas previstas en la creación del futuro instituto: una subdirección general, seis jefaturas de servicio, seis jefaturas de sección, cinco jefaturas de equipo y una jefatura de negociado. La composición de la plantilla se completa con tres auxiliares de gestión y un subalterno.

Lo chocante de la proporción entre jefes y empleados -lo que coloquialmente se conoce como 'más jefes que indios'- lleva a la dirección general de Presupuestos a subrayar que, pese a informar favorablemente del anteproyecto de ley, cabe suponer que con una plantilla así 'podría inferirse que la mayor parte de las funciones inherente al cumplimiento de los objetivos fundacionales del Instituto se realizarán de forma externalizada'.

La dirección general dependiente de la conselleria que encabeza Vicent Soler remarca además que la documentación aportada por Justicia no permite valorar si la estructura de seis servicios en los que está dividido el organismo es 'ajustada a los cometidos a realizar'.

Presupuestos alerta también de que la partida de gastos correspondientes al capítulo de Personal 'asciende a más de la mitad de los gastos totales del organismo cuando se encuentre a pleno rendimiento'. De hecho, corrige la estimación hecha por la propia conselleria de Justicia, que había calculado en 808.000 euros el coste de la plantilla del Instituto. 'En dicho cálculo no se han tenido en cuenta los costes de Seguridad Social correspondientes a la cuota del empleador que, calculados en una media del 32% de los costes salariales, elevarían esa cifra a 1.067.681 euros'. El coste anual de la puesta en marcha del mencionado Instituto se sitúa, según la información facilitada a Hacienda, entre los 2,1 y 2,3 millones de euros. En la memoria económica de la ley se señala que los gastos estimados de la localización y verificación de fosas y exhumación e identificación de cadáveres ascienden a 790.000 euros anuales, 'estando previsto que dichas actuaciones se hayan ultimado en un periodo de aproximadamente doce años'. Por ese motivo, el informe advierte de que, si se cumplen esas expectativas, 'a partir del decimotercer año de funcionamiento del Instituto dichos gastos representarían casi el 85% de los costes totales'.

En su informe, la dirección general de Presupuestos realiza otra salvedad significativa. José Moreno recuerda que los gastos del futuro Instituto no podrán ser ajenos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que 'el incremento del gasto real resultante de la puesta en marcha de la entidad deberá coadyuvar al cumplimiento de la Regla de Gasto' -una medida que trata de garantizar que el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos-.

Es decir, Presupuestos advierte a Bravo de que el nuevo Instituto debe suponer una ampliación del gasto para la Generalitat en la misma medida que ésta pueda asegurar un ingreso equivalente.