El instituto de la consellera Gabriela Bravo reabre la guerra de competencias entre Justicia y Transparencia

El futuro Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas previsto en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que impulsa la conselleria de Justicia amenaza con reabrir la bronca con otro departamento, el de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz, por un conflicto de competencias que ya provocó una agria disputa entre ambos al comienzo de la legislatura.

El organismo, que prevé una plantilla de 23 personas, de las que 19 ocuparían jefaturas -tal y como constata un informe de la dirección general de Presupuestos de la conselleria de Hacienda- establece en la disposición transitoria primera de la ley que dará luz verde a su creación que la entrada en vigor de los estatutos del instituto comportará la supresión de las funciones atribuidas a los centros directivos de las actuales consellerias llevándose a término las correspondientes modificaciones en los reglamentos orgánicos y funcionales que correspondan. Es decir, con la puesta en marcha del Instituto, la totalidad de las competencias en materia de Memoria Democrática se depositarán sobre el mismo, y por lo tanto se centralizarán en Justicia.

La referencia es significativa porque uno de esos reglamentos orgánicos y funcionales (ROF) de consellerias, el de la de Transparencia, especifica en uno de sus apartados que entre sus funciones figura la de informar y dar apoyo a las administraciones de la Comunitat Valenciana en materia de promoción del autogobierno «y participar en los órganos de decisión y coordinación relativos a la recuperación de la memoria histórica, como herramienta para completar la visión que debe tener la sociedad valenciana de su autogobierno». Es decir, la puesta en marcha del Instituto supondrá, de facto, que Transparencia pierda esa competencia sobre Memoria Democrática.

Bravo y Alcaraz ya protagonizaron una pugna por las competencias al comienzo de la legislatura, que derivó incluso en una rectificación del ROF de Transparencia después de que se hubiera publicado en el DOGV con un reparto que termino no siendo el definitivo.

Los roces entre la consellera de Justicia y los representantes de Compromís en el Ejecutivo valenciano se han incrementado en los últimos meses. El caso más destacado se percibió con las críticas que desde el entorno de la vicepresidenta Mónica Oltra se vertieron hacia la decisión de Bravo de relevar al subsecretario de la conselleria, Luis Felipe Martínez, hace apenas unas semanas.