El uso del valenciano solo registra 82 de las 14.000 quejas al Síndic de Greuges

Las quejas sobre vulneración de los derechos lingüísticos de los valencianos ocupan el décimo sexto lugar en el listado de materias sobre las que versan las protestas de los ciudadanos de la Comunitat ante el Síndic de Greuges en 2016. En la provincia de Alicante, este problema se sitúa en el puesto doce; en Valencia, en el quince; y en Castellón, más allá del vigésimo. Por comparar con otro listado de preocupaciones, esta vez en la capital, el Ayuntamiento que dirige Joan Ribó presentó esta semana un barómetro donde los problemas situados en posiciones similares se agrupan en el capítulo de 'Otros'. En la memoria del ejercicio pasado elaborada por el Defensor del Pueblo a nivel nacional no constan quejas relacionadas con conflictos lingüísticos. El Sindic de Greuges recibió durante el año pasado 82 quejas, y no todas (aunque sí su inmensa mayoría) sobre agravios a valencianoparlantes.

Sin embargo, el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, explicó el pasado mes de diciembre, cuando se anunció la puesta en marcha de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) que «la creación viene dada por el contexto de desequilibrio lingüístico que sufre el valenciano y que se ve reflejado en las quejas de personas que sufren un agravio por usar su lengua que anualmente registran y tramitan instituciones de carácter público y entidades cívicas». Añadió Trenzano que «la ODL, servirá de canal para enmendar los hechos objeto de denuncia y ayudará a restablecer en la sociedad la normalidad de usos que corresponden al valenciano como lengua oficial». Este periódico se dirigió la semana pasada a la Conselleria de Educación. A raíz de la crítica del PP sobre la intención del conseller Marzà de establecer un 'comisariado lingüístico', LAS PROVINCIAS envió una serie de preguntas a Educación, que cinco días después derivó los interrogantes a la nota de prensa que el departamento de Marzà emitió en diciembre. Entre las preguntas enviadas a la conselleria, consta la que pretende conocer cuántas son esas «quejas de personas que sufren un agravio por usar su lengua que anualmente registran instituciones de carácter público y entidades cívicas». El informe del Síndic de Greuges sobre su actividad del año pasado, presentado días más tarde, desvela que las «quejas» el año pasado fueron 82. En la provincia de Valencia, 42; en la de Alicante, 36; y en Castellón, una. Sin embargo, en el preámbulo del proyecto de decreto que prepara el equipo de Marzà se da por hecho que «muy a menudo la ciudadanía no puede hacer uso de su opción lingüística». En este sentido, para Educación «no se pueden obviar las muestras de hostilidad o de discriminación grave hacia las personas que se expresan en valenciano por razón de su lengua».

De este modo, la conselleria da por hecho una realidad que acontece «muy a menudo», pues en ese mismo borrador de decreto también se establece que «a nuestro territorio y de manera frecuente, los derechos lingüísticos de la ciudadanía se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad cuando emplea el valenciano en contextos diversos». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que en su día tuvo que colgar un cartel que expuso durante toda su comparecencia tras un pleno del Ejecutivo, donde se reflejaba que su nombre se escribe con la tilde cerrada (ó) y no con la variante valenciana abierta (ò), aclaró hace unos días que está convencida de que, a pesar de que el proyecto de decreto no hace mención alguna al castellano o a los castellanohablantes, el conseller Marzà también piensa en ella cuando pone en marcha esta oficina. De hecho, entre las quejas recogidas por la Sindicatura de Greuges en relación a la vulneración de derechos, también hay reclamaciones de castellanohablantes, es el caso de un usuario del teléfono 012 de la Generalitat, así como de un ciudadano en el Ayuntamiento de Xirivella.

«Ante esta vulnerabilidad de todo punto evitable surge la necesidad de que los poderes públicos pongan al alcance de la ciudadanía un órgano de carácter institucional especializado en la atención de estos casos de discriminación en materia lingüística», justifica la dirección general que capitanea Trenzano, siempre refiriéndose al valenciano en el proyecto de decreto. Este periódico se dirigió a Educación para conocer qué datos cuantitativos maneja la conselleria en cuanto a la vulneración de derechos lingüísticos. Sin éxito. Silencio. Tampoco logró conocer cuáles son las fuentes en las que bebe el equipo de Marzà para establecer que el problema se da «muy a menudo» y de «manera frecuente».

El año pasado se registraron en total 82 quejas por vulneración de los derechos lingüísticos en la Comunitat. La cantidad de reclamaciones en este sentido no supera el centenar desde 2012, cuando alcanzaron 153. Años antes, la conflictividad podría parecer mucho mayor. La Sindicatura de Greuges llegó a acumular más de 2.000 reclamaciones al año. Las denuncias del ejercicio anterior supusieron el 0,58% de todas las registradas por el organismo encargado de intentar resolver los agravios de la ciudadanía en la Comunitat. Las materias sobre las que el síndic recibió más quejas en 2016 fueron Educación (5.259), Urbanismo (2.614) y Empleo Público (1.158 denuncias).