Una incompatibilidad pone en riesgo la elección de la directora de televisión

La secretaría general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del País Valenciano (FeSMC UGT-PV) está ocupada por María Dolores Navarro Giménez. Desde el pasado mes de octubre, Navarro también forma parte del consell rector de la corporación valenciana de medios de comunicación (CVMC) el órgano encargado de impulsar y poner en marcha la nueva televisión valenciana. Entre las muchas decisiones adoptadas ya por el órgano que preside Enrique Soriano, el proceso para la selección de la nueva directora general, responsabilidad que finalmente recayó en Empar Marco.

Hasta aquí todo bien. O no tanto. La Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, la norma que permitirá poner en marcha la nueva televisión autonómica -y que detalla la creación y funciones del consejo rector- señala en el apartado 4 de su artículo 15, el que hace referencia al 'Estatuto personal' de los miembros de este órgano, que la condición de miembro del Consejo Rector es incompatible con ser miembro de Les Corts o del Consell, 'así como con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación políticas y con el ejercicio de funciones de alta dirección en partidos políticos u organizaciones sindicales o empresariales'.

Navarro ocupa la secretaría general de una de las federaciones de UGT. La discusión respecto a si ese puesto es o no considerable como de 'alta dirección de una organización sindical' la resuelven, en teoría, los propios estatutos del sindicato, que señalan en su artículo 14.5 que 'las personas que ostentan las secretarías generales de las federaciones y las secretarías territoriales intercomarcales son personas integrantes natas del comité nacional'.

Navarro ocuparía, de este modo, un puesto en la dirección del sindicato, circunstancia que podría considerarse como incompatible con su condición de miembro del consejo rector de la nueva televisión. No sólo eso. Pese a que la dirigente de UGT ocupa el puesto destinado a la representación sindical -esta organización, junto con CC OO e Intersindical decidieron ocupar ese puesto de forma rotatoria cada seis meses- la propia ley especifica que 'si un miembro del Consejo Rector se encuentra en alguno de los supuestos de incompatibilidad especificados por el presente artículo, dispone de tres meses para adecuar su situación a lo que establece la ley'. Navarro forma parte del consejo rector desde el pasado mes de octubre. Está a punto de cumplir esos seis meses -momento en el que debería ser sustituida por un representante de CC OO-. Pero, sin duda, ha cumplido de largo los tres meses que establece la ley para poder regularizar su situación.

Las fuentes consultadas por este diario advirtieron ayer de que la eventual situación de incompatibilidad de Navarro podría afectar a la legalidad de los acuerdos adoptados por el consejo rector a lo largo de los últimos meses. Y en especial, remarcaron, aquellos en los que se haya producido una votación y el sentido del apoyo mostrado por esta consejera haya podido influir o determinar el acuerdo adoptado por este órgano.

Entre estos, el que resulta más significativo es, obviamente, el del proceso de selección del responsable de la dirección general, cargo para el que fue elegida Empar Marco tras imponerse en la última ronda a Josep Ramón Lluch y Salvador Enguix.

Las fuentes jurídicas consultadas apuntaron ayer que la participación de Navarro en este proceso y el voto con el que respaldó a alguno de los candidatos podría dejar al borde de la ilegalidad todo el procedimiento.

El artículo 18 de la misma ley, que establece las causas de cese o destitución de los miembros del consejo rector, ya señala en su cuarto apartado que se producirá por separación aprobada por Les Corts, a propuesta del Consejo Rector, por causa de incompatibilidad sobrevenida o por acuerdo motivado de dicho consejo.

Algunas de las decisiones adoptadas por el consejo rector durante los últimos meses se encuentra bajo sospecha. Tal y como ha informado este diario, el órgano encargado de impulsar la puesta en marcha de la nueva televisión tardó más de tres meses en darse de alta de sus obligaciones fiscales en el registro de la Agencia Tributaria a través del Modelo 036.