La juez investiga a Blasco y Tauroni por el amaño de los contratos de informática en la Conselleria de Solidaridad

El juzgado de Instrucción 21 de Valencia, que investiga el caso Cooperación y varias piezas separadas, ha dictado un auto por el que dirige la investigación del amaño de los contratos de informática de la antigua Conselleria de Solidaridad contra el exconseller Rafael Blasco, su mano derecha Tina Sanjuán y el empresario Augusto César Tauroni.

La mecánica es similar a otros caso de la trama. En este caso, se presentaba al concurso y ganaba siempre la firma Fujitsu. Pero esta mercantil, incluso antes de resultar elegida, ya había firmado un contrato con Dinamiz-e, sociedad tutelada por un testaferro de Tauroni. En realidad, eran estos quienes efectuaban todo el trabajo. Y la ley prohíbe subcontratar más del 60 por ciento del importe de la adjudicación.

El auto inicial de la magistrada, en el que explicaba la mecánica delictiva, enumeraba los contratos bajo investigación. Se trata del portal del ciudadano, de herramientas de participación ciudadana, de la integración de una base de datos, el control telemático de las escuelas de acogida y suministro de software de gestión, entre otros. Ahora, además, la instructora solicita diferentes documentación a la Generalitat valenciana para impulsar las pesquisas. El que fuera jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares, también figura entre los investigados.

El pasado mes de octubre, según informa Efe, la titular de este juzgado ya detectó la supuesta trama de amaño por valor de más de un millón de euros en la época en la que Rafael Blasco estuvo al frente.

Los contratos supuestamente amañados beneficiaron al empresario Augusto César Tauroni, encarcelado igual que Blasco por el desvío de fondos destinados al tercer mundo.

La instructora considera que se amañaron contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Tauroni.

Según el auto del pasado mes de octubre, hubo "una clara vulneración de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contratación Pública".

En el auto de hoy se encarga, entre otras diligencias, que la Conselleria actualmente de Igualdad informe al juzgado sobre la identidad de los trabajadores que llevaron a cabo los trabajos correspondientes a varios servicios informáticos contratados.

También solicita expedientes de contratación o información a la extinta fundación Ceimigra y a las empresas Ceteck e Indra.