La mayoría de los valencianos rechaza las políticas educativas de Vicent Marzà

Las políticas educativas del conseller Vicent Marzà son rechazadas mayoritariamente por la población valenciana. Se trata de una de las conclusiones más llamativas de la encuesta elaborada por Sigma Dos para LAS PROVINCIAS, que también acredita que el sector más crítico se corresponde con las familias con hijos. A nivel geográfico, la oposición es sensiblemente mayor en la provincia de Alicante, germen de las principales protestas a las que se han enfrentado los responsables del departamento.

De los participantes en la encuesta, cuatro de cada diez (39,7%) mostraron una opinión negativa en relación a la senda seguida por Marzà. En concreto, el 26% dijo estar en desacuerdo con los cambios implantados mientras que el 13,7% afirmó estar muy en desacuerdo. Sí apoyó las políticas educativas el 19,8%, con diferente grado de aceptación. De los porcentajes restantes el 18,3% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 22,2% no se pronunció.

Por edades, en todos los segmentos es mayor el rechazo a las medidas impulsadas que los apoyos. El desacuerdo es más acusado todavía entre los encuestados que tienen entre 30 y 44 años (42,7% de rechazo, sumando las dos opciones de respuesta) y entre aquellos cuyas edades van de los 45 a los 64 (43,1%). Los datos se pueden entender como que casi la mitad de la población con hijos escolarizados recela de la hoja de ruta seguida por Educación.

Se da la situación de que en casi todas las variables valoradas, ya sea en relación a la edad o las preferencias políticas, la respuesta más positiva para los intereses del Consell (muy de acuerdo) no pasa del 3,4%. Es decir, es simbólica.

El abanico de iniciativas que han afectado a la enseñanza valenciana es ingente y han ido encaminadas a derribar el modelo heredado. Entre las más polémicas, medidas por su rechazo en la calle o a través de recursos judiciales, está la modificación del procedimiento de admisión y la desaparición del distrito único, que garantizaba la posibilidad de acceder a cualquier colegio de un municipio independientemente de la zona de residencia, o la planificación conjunta de aulas, que en la práctica ha implicado frenar el crecimiento sostenido de la educación concertada, tradicionalmente muy demandada. También ha variado la política de becas, que más allá de los incrementos presupuestarios o de modalidades ha supuesto la exclusión de los alumnos de las universidades privadas que cumplían los requisitos de renta. Y se han utilizado los centros públicos para adelantar la escolarización a los dos años en lugar de recurrir a la red de guarderías ya consolidada a través de mejores ayudas, con el consiguiente rechazo del sector.

Tampoco se puede olvidar la jornada continua, que ha generado tensiones en los centros y entre familias, o el modelo lingüístico, que suma nueve recursos judiciales por el diferente trato para el alumnado que se forme con el castellano como lengua base. Incluso medidas que sólo pueden valorarse como positivas se topan con obstáculos, desde la bajada de las ratios, que no se consolidará hasta dentro de siete años en todas las aulas, o la eliminación de barracones, que ya acumula retrasos en los plazos anunciados.

La encuesta trasciende en un nuevo escenario de contestación social contra las políticas educativas, con una inminente manifestación para protestar contra el recorte de aulas de Bachillerato en los colegios concertados y otras medidas como el decreto que regula el modelo lingüístico a aplicar en septiembre.