El juez de Imelsa asume también la denuncia de Alfonso Rus contra Marcos Benavent

El caso Imelsa, una de las mayores causas de corrupción investigadas hasta la fecha en la Comunitat, se dividió en varias piezas separadas. Todas ellas recaen, como no podía ser de otra forma, en el mismo juzgado de Instrucción. Pero existen otras investigaciones que arrancaron en paralelo a la causa general con un propósito, en apariencia, no tan legítimo como descubrir la verdad.

Ese fue el supuesto que se dio en Instrucción seis, la denuncia que interpuso Alfonso Rus sobre la desaparición de determinada documentación y alrededor de 40.000 euros de la empresa pública Imelsa. Este procedimiento iba a ser enjuiciado por un jurado popular. Sin embargo, recientemente, con el informe favorable del fiscal, el titular ha acordado inhibirse al juzgado de Instrucción 18, el que lleva el grueso de toda las pesquisas.

La causa, ahora, tendrá que integrarse en alguna de las piezas separadas que instruye el juzgado. Las fuentes consultadas apuntan a que encajaría en los hechos que se investigan en la pieza B, la conocida como los zombis de Imelsa -personas que cobraban sin acudir a trabajar- y en la que también se revisan los gastos en productividad y pago de dietas. En teoría, la nueva acusación, la supuesta apropiación de ese dinero, se enjuiciarían conjuntamente con el resto de la causa. Se trata de una de las investigaciones más avanzadas, según fuentes del caso. La Fiscalía ya reuniría todos los indicios suficientes para elaborar su escrito de acusación.

La investigación de Instrucción 6 desveló el descontrol en la vigilancia del dinero público. Por ejemplo, así ocurría en los denominados cheques de caja, que dependían en buena medida del criterio del exgerente de Imelsa y ahora principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. Este pedía que se emitiera un cheque, normalmente eran cifras redondas. Posteriormente, un subordinado se lo cobraba y le llevaba el efectivo al entonces gerente.

Los cheques de caja

Un alto cargo que declaró en el juzgado explicó que esas cantidades se destinaban a comidas y taxis. Que hasta el 2008 esto se pagaba con las tarjetas de crédito que tenían los directivos de la empresa pública, pero que a partir del año siguiente se cambió el método.

La Fiscalía le interrogó acerca de los quebrantos económicos que figuraban en las cuentes y pidió explicaciones a este testigo acerca de cómo podía ser que existiera un agujero de 20.000 euros sin justificación en sólo un año (2010). En ocasiones, los cheques no eran por cifras redondas, los habituales ascendían a 500 euros, sino que se solicitaba una cantidad muy precisa. Lo que no se justificaba se incluía en otros gastos, una especie de cajón de sastre contable.

También en ese asunto se produjo una circunstancia llamativa. Por un lado, la Diputación de Valencia contrató a un abogado para estar personado en la causa. Pero, al mismo tiempo, otro letrado representaba a la empresa pública Imelsa. De tal forma que se pagaba a dos letrados particulares por, en teoría, defender los mismos intereses: recuperar el dinero. Finalmente ese trabajo lo terminó asumiendo un letrado de la propia Diputación sin cobrar un sólo euro. En su día, nada más conocerse la investigación a Rus, se habló que el verdadero motivo por el que el expresidente denunció estos hechos fue para intentar acceder a las conversaciones que durante años había grabado Marcos Benavent. Esos audios se conocieron posteriormente, cuando el juez de Instrucción 18 decidió levantar el secreto de sumario.