Un juzgado embarga una nave, cinco coches y todas las cuentas de la antigua Imelsa

Divalterra, la denominación con la que el actual equipo gestor de la Diputación de Valencia bautizó a la vieja Imelsa para lavar la imagen de la empresa pública -salpicada por la investigación del mismo nombre que ya está en los tribunales- no deja de recibir disgustos. El último le ha llegado también por vía judicial y como consecuencia de la propia situación de paralización en la que se encuentra la entidad desde la destitución de Víctor Sahuquillo como gerente. Un juez embarga a la empresa pública una nave industrial, cinco vehículos, todas sus cuentas corrientes, y todos los créditos o recaudación a los que pueda tener acceso. Y todo, por un impago de 18.000 euros.

La decisión del juzgado de lo Social número 3 de Valencia por la que ordena la ejecución de la sentencia tiene fecha del pasado 3 de mayo. Pero hace alusión a un fallo del 9 de septiembre de 2016. En esa fecha, la firma pública era condenada por adeudar 18.496,95 euros, más otros 2.770 euros provisionados inicialmente para intereses y costas. Un pago a realizar en calidad de finiquito a un extrabajador de la firma provincial que había sido despedido.

Divalterra, en estado de semibloqueo desde que cuenta con un único gerente, Agus Brines, y tramita por vía del consejo de administración todos los expedientes de gasto que superan los 18.000 euros, no atendió ese pago.

Y de ahí viene la sentencia. El juzgado explica que debe dictarse decreto que contenga «las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes», tal y como dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Y lo dicta. En concreto, enumera y ordena el embargo en cuantía suficiente para cubrir las cantidades mencionadas «de los siguientes siguientes bienes y derechos» de Divalterra. En primer lugar, una nave industrial con una superficie construida de 454 metros cuadrados ubicada en la localidad de Enguera. También cinco vehículos -identificados con sus correspondientes matrículas-; los saldos existentes en las cuentas de las que sea titular Divalterra abiertas en las entidades bancarias o financieras adheridas al sistema de embargo telemático del ministerio de Justicia, así como los saldos de cualesquiera otras cuentas corrientes, de ahorro, depósitos, valores y productos financieros de cualquier naturaleza.

También se embargan los créditos y derechos a favor de Divalterra y el dinero y sus intereses pendientes de percibir por devolución de IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Impuestos Especiales o cualesquier otro concepto tributario hasta cubrir la cantidad del principal (los 18.000 euros) más los intereses y costas provisionales. Y, por último, se ordena el embargo de la recaudación diaria que obtenga la empresa provincial.

El auto cita a las partes, el denunciante y la firma de la Diputación de Valencia, para el próximo 25 de mayo «para nombramiento de administrador judicial, y para el supuesto de que no se alcance acuerdo, se les cita para comparecencia ante el magistrado» que se produciría a continuación.

El volumen del embargo a la firma de la institución provincial es significativo. Pero aún lo es más el origen de la condena: el impago de un finiquito de 18.000 euros a un extrabajador de la firma. Precisamente porque esa firma corresponde al límite del pago que un cogerente podía firmar por sí solo, sin requerir la firma del otro cogerente de la empresa. Desde la salida de Sahuquillo, Imelsa ha venido trabajando con único responsable. Brines, la actual cogerente, defendió igual que su partido (Compromís) el nombramiento de un sustituto de Sahuquillo que asumiera esas mismas funciones. Es decir, el mantenimiento del modelo que había venido funcionando hasta finales de 2016 -cuando los escándalos obligaron al dirigente socialista a dejar su puesto-.

Sin embargo, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, se inclinó por nombrar un consejero delegado, quebrando así el sistema de cogobierno vigente en la firma pública. La falta de acuerdo dejó a Brines como única cogerente. Y obliga a que el consejo de administración de la empresa provincial tenga que reunirse para poder aprobar gastos que excedan de 18.000 euros. En la práctica, y tal y como ha denunciado el PP en la Diputación de Valencia en diversas ocasiones, esa circunstancia aboca a la práctica paralización de la empresa, que cada vez que tiene que hacer un gasto de cierta envergadura debe de esperar a una reunión del consejo de administración para poder tramitarla.

El PSPV anunció inicialmente su intención de desmantelar Divalterra aunque ha acabado asumiendo que no puede hacerlo.