Ximo Puig avala el cupo vasco aunque hace diez días le producía «indignación»

De compartir la «indignación» generada por el acuerdo suscrito hace apenas diez días entre el PP y el PNV para mejorar los términos del cupo vasco a reconocer hoy que esa fórmula -que fija las relaciones tributarias y financieras entre la Administración del Estado y el País Vasco- forma parte de la «arquitectura institucional», median 600 kilómetros de distancia. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, protagonizó ayer uno de esos giros de 180 grados que en ocasiones protagonizan los dirigentes políticos porque las circunstancias cambian o porque la coyuntura lo aconseja. Sólo que, en esta ocasión, el jefe del Consell lo hizo con apenas diez días de diferencia, y sin más novedad entre una declaración y la otra que el hecho de realizar la segunda en otro punto geográfico. En concreto, en Vitoria.

Puig se desplazó el lunes hasta el País Vasco. Ese día mantuvo una reunión con Idoia Mendía, líder del PSE. Ayer hizo lo propio con el lendakari, Íñigo Urkullu. En la reunión, asuntos como la reclamación conjunta al Ejecutivo central de la transferencia de la competencia de los puertos a las comunidades autónomas, así como un «análisis sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo». Ante los medios de comunicación, durante una visita al Puerto de Bilbao, el presidente valenciano se refirió al cupo vasco.

Puig ha hecho bandera de la reforma del sistema de financiación autonómica, y en no pocas ocasiones ha cuestionado que el País Vasco, como Navarra, dispongan de un sistema propio, por fuera del régimen común, que permita a sus ciudadanos disponer de unos fondos que el resto de autonomías no disfrutan. La última vez que se pronunció en estos términos fue hace poco más de diez días. El 4 de mayo, Puig dijo coincidir «evidentemente» en la «indignación» por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y vasco para el Cupo de Euskadi -que permite a los populares disponer del apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2017. «Lo que no puede haber es discriminación: si hay dinero para solucionar la cuestión del Cupo Vasco, que también haya dinero para solucionar la viabilidad del resto de comunidades autónomas», reivindicó.

La postura de Puig fue de rechazo hacia el cupo vasco. En parecidos términos se había pronunciado en otras ocasiones. En octubre de 2015, en un desayuno informativo en Madrid, el presidente valenciano proclamó que aunque respetaba el cupo vasco, el cálculo del mismo «produce asimetrías».

La opinión del presidente valenciano venía en consonancia con la expresada por su número dos, la vicepresidenta Mónica Oltra. La también portavoz del Consell, a raiz del acuerdo PP-PNV de hace dos semanas, proclamó que el cupo vasco «es como un misterio de Fátima, falta de transparencia en cómo se distribuye el dinero, nadie sabe muy bien cómo se calcula, está como en una nebulosa» y «los ciudadanos tenemos derecho a saber qué criterios se aplican a la hora de distribuir el dinero» y «por qué una comunidad autónoma puede tener 2.500 euros más por habitantes que otra».

Oltra tachó de «arbitrario, partidista y oportunista» el acuerdo entre el PP y el PNV y mostró el «profundo» rechazo del Ejecutivo valenciano al Cupo vasco. «No puede ser que una financiación se decida de manera unilateral, por parte del Gobierno central, sin escuchar las necesidades del resto de Comunidades», destacó.

Ayer, Puig optó en presencia de Urkullu por una posición mucho más conciliadora. Preguntado por el Cupo vasco, afirmó que es un mecanismo recogido en la Constitución y que por tanto «no es un privilegio» y centró sus reivindicaciones en reclamar al Gobierno que corrija la «situación profundamente injusta» en cuanto a la financiación de las CCAA de régimen común. Pese al aparente cambio de criterio respecto a su posición sobre el cupo vasco, Puig optó por señalar como culpable al Ejecutivo central. El Gobierno de España, «de una manera recurrente, ha querido enfrentar a las comunidades autónomas entre sí para intentar disimular lo que es el problema real» que, a su juicio, es que «las comunidades autónomas están mal financiadas».