Podemos Riba-roja denuncia al alcalde socialista ante la Fiscalía por un presunto amaño de contrato

Los tres concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Riba-roja (Valencia), acompañados del síndic del grupo parlamentario y secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, han denunciando ante Fiscalía al alcalde socialista de la localidad, Roberto Raga, por un presunto amaño de contrato de asesoría jurídica municipal.

Según ha informado la formación en un comunicado, los ediles Concha Noguera, Andrés Fernández y Rubén Ferrer han llevado a Fiscalía un dossier de más de 80 páginas "con las pruebas de un presunto amaño en la adjudicación del contrato de asesoría jurídica municipal".

Montiel ha hecho hincapié en la labor de Podemos en las instituciones denunciando la corrupción "sea hecha por quién sea, independientemente que se haya firmado antes un pacto con otros partidos", y ha señalado que este "es sólo un caso de los otros que están estudiando los concejales del grupo de Riba-roja".

Los tres concejales firmantes del escrito han manifestado ante el juzgado que "es su deber como cargos públicos denunciar las presuntas ilegalidades de las que tengan conocimiento". Asimismo, han declarado que llevaban sobre este asunto "varios meses", pero que no habían obtenido las "pruebas definitivas" que les han hecho "dar el paso" hasta hace pocos días.

Por su parte, desde el consistorio de Riba-roja se ha asegurado que dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria "avalan plenamente el proceso de contratación pública de la asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo así como la defensa en juicio de procedimientos de orden civil y mercantil".

Según ha informado el ayuntamiento en su comunicado, los dictámenes municipales establecen que el consistorio "aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público".

Para ello, "se presentaron tres ofertas y finalmente se adjudicó la de menor cuantía de ellas por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales, impuestos incluidos".

Al respecto señala que la ley actual del sector público atribuye a la alcaldía "la competencia para adjudicar contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años".

Todos estos requisitos los cumple el contrato de asesoría jurídica, según asegura, y añade que los informes "constatan que en el expediente de contratación se realizaron todos los trámites necesarios para su adjudicación definitiva".

La contratación de la asesoría jurídica se aprobó mediante una resolución de alcaldía con fecha 8 de agosto de 2016 "tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal del 18 de junio respecto de la fiscalización del expediente".

El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria, fijada en 53.640 euros.

«Rabieta»

El equipo de gobierno atribuye la denuncia de Riba-roja Pot a una "rabieta" del portavoz municipal, Rubén Ferrer, "tras su reprobación pública y solicitud de dimisión aprobada por mayoría absoluta el pasado 8 de mayo por escuchar, difundir y manipular conversaciones privadas del grupo municipal Ciudadanos ocurridas en las propias dependencias del ayuntamiento".

Además, el gobierno local considera que la denuncia "responde a un claro propósito político de Podemos por adquirir notoriedad en el proceso de elecciones internas para elegir a sus miembros, aunque para ello tengan que mancillar el nombre del municipio sin ningún tipo de escrúpulos".

"El grupo municipal de Riba-roja Pot se ha convertido en el ariete político del Partido Popular en sus ansias por realizar una moción de censura contra el actual gobierno", critica.