A. RALLO
Lunes, 22 de mayo 2017, 10:06
valencia. El juicio del caso Emarsa, que comenzó hace una semanas, no agota el interés informativo alrededor de esta macrocausa. El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el que investigó el expolio de la depuradora de Pinedo, acaba de archivar una querella contra el alcalde de Albal, Ramón Marí (PSPV), por pagar la fianza exigida a la acusación popular de los socialistas con fondos procedentes de la Emshi, la empresa pública que es propietaria de Emarsa, según consta en una resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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El auto acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias tal y como solicitaba la Fiscalía. Los denunciantes sostenían que la actuación de Marí podía constituir un delito de sustracción (artículo 432 del Código Penal) al utilizar de manera ilegal la subvención que recibe el grupo socialista por integrar la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. La fiscalía entiende que no se dan los requisitos del tipo penal por la «consignación temporal» de una fianza.
Además, recuerda que el ejercicio de la acusación popular se encuentra ligado a los fines constitucionales que conforman la actuación de los poderes políticos. El informe de la fiscalía, reproducido en el auto, explica que la función constitucional de los partidos políticos «no puede ni debe quedar circunscrita a fines electorales». Entiende que la conformación de la voluntad popular permite acudir a los tribunales para exigir la adecuada aplicación de la ley y la corrección de las actuaciones que dañan «las bases democráticas del Estado de Derecho», como ha sido el saqueo de fondos de la depuradora de Pinedo. El magistrado instructor comparte las tesis del «detallado examen de los hechos realizado por el ministerio fiscal».
Denunciantes del caso
LAS PROVINCIAS contactó ayer con Ramón Marí, quien se felicitó de la decisión. En su opinión, estas maniobras judiciales persiguen la intención de desacreditarle lo que demuestra que la personación del PSPV ha sido efectiva. El que fuera presidente de Emarsa Enrique Crespo declaró recientemente en el juicio que el dirigente socialista tenía exactamente la misma capacidad de decisión en la planta y no hizo nada. Se trata de una de las estrategias del exvicepresidente de la Diputación. Trata de esconder su responsabilidad en el consejo de administración de Emarsa y en la falta de vigilancia de la Emshi. Hoy se retoma el juicio. Los cabecillas de la trama, Crespo, Morenilla y Bernácer, se enfrentan a 14 años de cárcel.
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