Un informe de Les Corts avisa del limbo presupuestario de la Agencia Antifraude

La Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana podría ver la luz definitivamente mañana. Ese día, Les Corts someterá a votación la propuesta del abogado Joan Antoni Llinares Gómez como máximo responsable de este nuevo órgano. Necesita 59 votos y el PP valenciano ya ha advertido de que no lo votará, de manera que la designación aún no es segura. Si la Cámara le da luz verde, el nombramiento formal lo realizará el presidente del Parlamento autonómico, toda vez que este órgano dependerá de Les Corts.

La Agencia Antifraude ha supuesto durante meses un verdadero dolor de cabeza para la formación morada. El ente fue uno de los puntos que Podemos obligó a incluir en el Acuerdo del Botánico firmado junto con PSPV, y Compromís, Los partidos del gobierno durante meses han ido aplazando las decisiones para poner el organismo en marcha. Los socialistas lo consideraban innecesario y Compromís pensaba que quitaría competencias a la conselleria de Transparencia que dirigen. Los podemistas también tuvieron que enfrentarse al Consell para que este cediera la dirección del futuro organismo público a Les Corts.

Y ahora, ¿ya está despejado el camino? Pues no exactamente. Un informe elaborado por uno de los letrados de Les Corts y que obra en poder de los miembros de la Mesa de la Cámara advierte del limbo presupuestario en el que se encuentra este organismo, y reclama una reunión técnica para resolver algunas de las incógnitas que afectan al funcionamiento de este nuevo organismo.

El documento al que ha tenido acceso este diario remarca que ante la «eventualidad» de que se elija director en este próximo pleno de Les Corts «debería reflexionarse por los órganos de gobierno de Les Corts acerca del alcance que deba tener la adscripción de dicha entidad de derecho público a Les Corts, en lo concerniente al inicio de la actividad de aquella y, específicamente, acerca del procedimiento que deba seguirse para la habilitación de los fondos económicos que sean precisos para dotar el presupuesto de la Agencia y dar cobertura presupuestaria al inicio de su actividad».

El informe de los servicios jurídicos de Les Corts recuerda que la ley de creación de la Agencia Antifraude establece que este organismo debe contar con la dotación económica necesaria en una «partida independiente de los presupuestos generales de Les Corts». Y que la Agencia «deberá disponer de los recursos económicos necesarios y adecuados para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas».

Claro está. La Agencia Antifraude aún no ha podido ponerse en marcha. Pero el informe del letrado de Les Corts recuerda que la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 autoriza al Consell para aprobar «el presupuesto de los entes del sector público instrumental que inicien su actividad a lo largo del mismo», como es el caso de esta Agencia. Y que esa aprobación «deberá acordarse con anterioridad a la efectiva puesta en marcha de las entidades u organismos» referidos.

Por ese motivo, el letrado recomienda «propiciar una reunión técnica que permita conocer el criterio de la Dirección General de Presupuestos -y en su caso, de la de Función Pública- «acerca del procedimiento que habrá de desarrollarse para habilitar la disposición de fondos que se hallan previstos en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2017, con la finalidad de dotar económicamente el inicio de la actividad de la referida Agencia».

El informe del letrado, que retrata la improvisación seguida en la puesta en marcha de este nuevo organismo, considera conveniente preparar la coordinación de las actuaciones que se estimen precisas al respecto «sin merma de las competencias que correspondan a los órganos de dirección de la Agencia».