El Tribunal de Cuentas investiga a la Diputación de Valencia por la tasa de basura de Jorge Rodríguez

La proverbial prudencia con la que suele transitar el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, no ha impedido en esta ocasión que la fiscalía del Tribunal de Cuentas ponga los ojos en una de sus decisiones. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha abierto procedimiento en relación con el informe elaborado por la interventora del Consorcio para la gestión de residuos V5, que es al que pertenece la localidad de Ontinyent (de la que Rodríguez es alcalde), como consecuencia del quebranto en caja generado por la decisión de la institución provincial, que también preside Rodríguez, de retrasar la recaudación de la tasa de basuras en su localidad.

El escrito del Tribunal de Cuentas, que ya obra en poder de la institución provincial, explica que el ministerio fiscal ha remitido un texto, basado en el informe de la interventora, en el que «se ponen de manifiesto ciertas presuntas irregularidades contables en materia de recaudación de ingresos del citado consorcio».

¿Y cuáles son esas «presuntas irregularidades contables»? Tal y como detalló este diario el pasado mes de marzo, la interventora del consorcio de residuos detalló en un informe que la actuación de la Diputación de Valencia, al decidir no pasar al cobro la tasa de recogida de basuras en Ontinyent -sí que se cobró en el resto de municipios que pertenecen al consorcio- había generado un quebranto contable para el consorcio que rozaba el millón de euros.

La interventora relató que la Corporación decidió, «sin ningún fundamento jurídico», la suspensión cautelar del procedimiento de recaudación únicamente en esta localidad. Una decisión motivada en un informe de una sola página del jefe de la asesoría jurídica de la Diputación, y que, por toda conclusión, alegaba que «parece razonable acceder de manera cautelar a la suspensión del procedimiento de cobro» solicitada por ese consistorio.

Que Ontinyent -el municipio del que Rodríguez es alcalde- dejara de pagar esa tasa a la Diputación que preside él mismo, trascendió a raíz de las quejas presentadas por otros dos ayuntamientos pertenecientes al mismo consorcio, Llosa de Ranes y Genovés, que son las que permitieron comprobar que, al mismo tiempo que la Diputación no cobraba a Ontinyent, sí que había incrementado los recibos a otros municipios «entre unos céntimos y hasta cuatro euros».

La interventora relató que la «anomalía de la no puesta al cobro de los recibos de Ontinyent sí presentaría sustantividad y relevancia propias susceptible de convertirla en tributaria de un potencial alcance contable si finalmente tal demora acabase provocando un quebranto a la hacienda pública del consorcio».

Ese dossier tenía fecha del 11 de noviembre. Cuatro días después, el jefe del servicio de gestión tributaria decidió desestimar el recurso del Ayuntamiento de Ontinyent. Y el día 18 del mismo mes -coincidiendo con el día de cierre del ejercicio contable tributario de la Diputación- la institución provincial fija un periodo de cobro específico para el municipio de Ontinyent. El perjuicio implica, según detalla el informe, incrementar los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, la morosidad, el periodo medio de pago a proveedores y finalizar el ejercicio «con necesidad de financiación».

El Ayuntamiento de Ontinyent ha explicado que la decisión de no pagar la tasa de basuras porque el convenio con el consorcio «estaba caducado».