El conseller Vicent Marzá alertó a Justicia sobre el juez de Alicante que no aceptaba textos en catalán

La iniciativa del número 2 de Oltra de denunciar al juez de Alicante que no acepta los escritos en catalán del Govern de Puigdemont comenzó a gestarse tras un aviso desde la Conselleria de Educación, en manos de Vicent Marzà. Así, fue la Dirección General de Política Lingüística, encabezada por Rubén Trenzano, el que puso en conocimiento de la Conselleria de Justicia la anomalía que, según el criterio del departamento, se estaba produciendo en la administración de Justicia.

Esta comunicación de queja fue asumida de manera diligente por Ferran Puchades (Compromís) quien trasladó a la consellera Gabriela Bravo, designada por el PSPV, la existencia de esa alerta. Del mismo modo, informó de que él mismo se encargaría del asunto. Sin embargo, la sorpresa de la máxima responsable de la conselleria fue monumental al enterarse el pasado sábado que entre las acciones que había emprendido su compañero figuraba la denuncia del magistrado al Poder Judicial. Un órgano en el que ella fue vocal y portavoz. La decisión de llevar el asunto ante el Poder Judicial se ha interpretado por una inmensa mayoría de agentes judiciales y políticos como una clara injerencia en la autonomía del titular de Contencioso 3 de Alicante.

Puchades preparó un dossier con toda la polémica que, según el responsable, había generado la información que adelantó en su día LAS PROVINCIAS. Y lo envió al Poder Judicial para que «corrigiera» la situación creada. Llama la atención que ni siquiera la Generalitat valenciana está personada en ese asunto. Es decir, el cargo de Compromís presentó la queja por un supuesto que afectaba a la Abogacía del Govern de Puigdemont.

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, abrió unas diligencias informativas para estudiar el asunto. El instructor del caso, un fiscal del Tribunal Supremo que se encarga de las cuestiones disciplinarias de sus compañeros, resolvió cerrar las diligencias y descartar la apertura de un expediente disciplinario. El Poder Judicial explicó que se trataba de una cuestión jurisdiccional del titular del juzgado y que no podía intervenir en esa decisión. Es más, apuntó que sólo podía ser combatida con recursos en el propio juzgado.

El titular del juzgado de Alicante objeto de las críticas del Consell ante el CGPJ, José María Magán, mostró este fin de semana su sorpresa al enterarse de que le habían investigado. «Es absurdo y muy peligroso que se pida corregir a un juez. Es una injerencia, me ha sorprendido mucho y no sé si la consellera Bravo estará al tanto. Es un ataque para intentar desestabilizar, poniendo en entredicho tu trabajo. Llevo cuatro años en Alicante y jamás he tenido ninguna queja».

La opinión de Magán era respaldada por otros compañeros de la Audiencia de Valencia que calificaron de falta de respeto a las decisiones judiciales el sorpresivo camino emprendido en solitario por Puchades. De igual modo, el expresidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y exdecano de Valencia, Mariano Durán, fue duro con la labor de la Conselleria en este aspecto. El jurista consideró que la carta enviada «está fuera de lugar porque no es de recibo que un alto cargo de la Generalitat presente una queja ante el CGPJ. En la Comunitat se permite usar cualquiera de las dos lenguas oficiales, castellano y valenciano. Está muy bien la respuesta que le da el CGPJ, pues la decisión del juzgado de Alicante es una potestad jurisdiccional. Salvo que se modifique el Estatut, aquí se emplea el castellano y el valenciano, y lo que no sea eso, está fuera de sitio».

El varapalo del Poder Judicial al secretario autonómico de Justicia también sirvió a la oposición de arma política contra Compromís, el partido de Puchades. La mayor de las críticas partió desde CS. «Es la verdadera actitud de Compromís, ese nacionalismo que intentan ocultar y que es una política totalitarista, de imposición y de fulminar la división de poderes. Nos parece intolerable una intromisión en una decisión judicial que busca controlar absolutamente todo y de intentar de una manera o de otra crear esa ficción de los países catalanes que ellos llevan escrito a fuego en su ideología», señaló el diputado Toni Subiela. Desde el PP también opinaron que se trata de una clara «injerencia» de la Generalitat en la Administración de Justicia.

La polémica arrancó en enero. El titular de Contencioso 3 de Alicante requirió a la Generalitat de Cataluña para que tradujera al castellano un escrito que la administración había presentado en su juzgado. El magistrado argumentaba que ninguno de los estatutos de la Comunitat Valenciana -el de 1982 y la posterior reforma- «ha contemplado nunca ni reconocido la cooficialidad de la lengua catalana» en el territorio valenciano. De tal forma que se veía imposibilitado para admitir la documentación al estar redactada en catalán. No entraba en cuestiones lingüísticas acerca de si la lengua catalana puede ser o no ser asimilable a la lengua valenciana. Nunca analizó ese particular sino que se limitó a pronunciarse respecto a lo que recogen los normas autonómicas. Es más, explicaba que el supuesto sólo sería valido en Baleares.

La Abogacía catalana, no obstante, se mantuvo firme en sus postura y volvió a mandar el escrito en catalán, sin traducir. Fue entonces, en un segundo auto, cuando el juez volvió a dirigirse a la Generalitat «por segunda y última vez» para que atendieran sus órdenes. En caso contrario, según anunció, daría traslado a la Fiscalía por si existía algún delito en la actuación de los funcionarios catalanes. Finalmente no fue necesario. A la tercera ocasión enviaron el escrito en castellano.

El Poder Judicial impuso a Magán sanciones económicas por tres faltas graves de los expedientes abiertos a raíz de las quejas del Gobierno, entonces en manos de Artur Mas, por los términos empleados en sus resoluciones. No es la primera vez que el juez ejerce en la Comunitat. Con anterioridad ya estuvo destinado en los juzgados de Requena durante un par de años.