Anticorrupción quiere juzgar en una sola causa a los falsos trabajadores de Imelsa y Ciegsa

La investigación del juzgado de Instrucción 18 de Valencia permite concluir, de momento, que se utilizó un mismo sistema de corrupción para la colocación de los conocidos como zombies, personas que cobraban una nómina sin acudir a trabajar, en la dos empresas públicas bajo investigación: Imelsa y Ciegsa. Hasta la fecha, las investigaciones se seguían en dos piezas separadas. Se trata de una medida habitual en macrocausas de corrupción que persigue agilizar la instrucción y permitir el enjuiciamiento por separado de diferentes delitos.

No obstante, Anticorrupción ha solicitado al juzgado que se unifiquen ambas pesquisas para poder ser juzgadas en un único procedimiento. La idea es que la colocación de trabajadores ficticios responde a un mismo modelo, dirigido por Alfonso Rus desde la Diputación de Valencia. El expresidente de la corporación provincial supuestamente utilizó su control sobre el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, para enchufar a personas afines al Partido Popular.

El propio Benavent llegó a reconocer en declaraciones a los agentes de la UCO que en la sociedad se había enchufado a cientos de personas. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación entre estos enchufados -no pasaron por las pruebas mínimas que exige el acceso a una empresa pública pero sí ejercieron una labor-, con los que simplemente cobraban un sueldo público sin más esfuerzo que ir al cajero.

En Ciegsa se trata de la misma operativa, aunque ahora cambia de intermediario. Aquí el enlace de Rus con la empresa pública sería Máximo Caturla, ex secretario autonómico de Educación. Ambos negaron en instrucción ser autores de estas prácticas. Rus admitió que le consultaban sobre muchos aspectos, pero que no mandaba nada en Ciegsa. Aunque sí admitieron ambos que algunas personas eran recomendadas por el PP.

Las instrucciones se encuentran bastante avanzadas. En los últimos meses se ha comentado incluso la posibilidad de que se diera por terminada la pieza de Imelsa -sería la primera de toda la causa en finalizar-. La petición del ministerio público, no obstante, todavía no ha sido resuelta por el juez instructor. Si aceptara la propuesta, presumiblemente se dictaría un único auto de procedimiento abreviado y, por tanto, sólo se celebraría un juicio.

En Imelsa se dieron los casos más llamativos de zombies, como los del exfutbolista del Olimpic De Xàtiva Miguel Ángel Mullor o los dos empleados de la agencia de comunicación Engloba que trabajaban para la empresa privada y sin embargo les pagaba Imelsa. También el testaferro de Benavent, José Estarlich, llegó a percibir un sueldo de fondos públicos que ahora está devolviendo tras aceptar colaborar con los investigadores. Una de las mujeres denunciadas reconoció que el exgerente de Imelsa le hizo el favor porque su situación económica era muy delicada. Otro de los investigados indicó que, en realidad, trabajaba para el grupo socialista en la Diputación en tareas auxiliares. También llama la atención el caso de Francisco Antequera, el que fuera seleccionador nacional de Ciclismo, defendió su labor en la empresa. Aseguró en su día que ejercía de asesor de deportes. En total, la sociedad pública -hoy rebautizada como Divalterra- acumulaba una docena de zombies. Buena parte de los investigados en esta pieza ocuparon cargos públicos.

Los trabajadores ficticios de Ciegsa son menos de la mitad. Los supuestos empleados de la empresa pública que se encargaba de la construcción de los colegios y donde se sospecha que se produjo el cobro masivo de comisiones explicaron en su día que ejercían labores institucionales en la empresa pública. Pero no aportaron pruebas que permitieran concretar su trabajo en la empresa pública de una manera efectiva. Las últimas diligencias acordadas fueron averiguar si Máximo Caturla tenía tarjeta de crédito de la empresa y el contrato de alquiler de las oficinas en el centro de Valencia en las que supuestamente prestaban su labor los investigados.

Queda una incógnita en todo este asunto de las contrataciones ilegales. La Intervención General del Estado certificó la ilegalidad que supone contratar asesores para los consejeros de la firma. Esta práctica incumple la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la de Gestión de la Función Pública Valenciana. Además, se trata de una operativa sin la autorización del consejo de administración. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, los expertos del órgano auditor «no han podido obtener evidencia» del trabajo desempeñado por los supuestos asesores ni de su experiencia o formación para ocupar estos puestos».

La incógnita es si el procedimiento se mantendrá abierto contra los diputados provinciales como Emili Altur (Compromís) y Rosa Pérez (IU). Se da la circunstancia de que esta responsable, que fue la denunciante de la trama delictiva en Fiscalía, podría ser citada a declarar como investigada en el juzgado. La Audiencia, de hecho, ya adelantó que tenía esa condición. También compromete el papel de José Manuel Orengo y Raúl Pardós (PSPV).