Divalterra convoca un concurso para organizarse al año de su refundación

Llegó el socialista Jorge Rodríguez a la Diputación de Valencia, tomó posesión como presidente y lo primero que hubiese querido hacer es fulminar Imelsa. Por ser un icono de la corrupción del PP, nido de enchufes...Pero no lo hizo. Un año después, la convirtió en Divalterra en un intento porque se olvidara la denominación maldita de Imelsa. Tanto Víctor Sahuquillo (hombre designado por el PSPV) como Agustina Brines (Compromís), sus gerentes, presentaron por estas fechas, pero en 2016, la nueva imagen corporativa de la empresa y las principales actuaciones previstas. Empezaba una nueva etapa. Pero, con Sahuquillo en casa tras desvelarse su afición por cargar al erario público los licores de sus postres, Divalterra convoca un concurso, una especie de llamada de socorro ante la imposibilidad de sacar la empresa adelante.

'Contratación del servicio asesoría/consultoría para elaboración de un mapa de procesos, de la descripción y valoración de puestos de trabajo, así como de la reformulación de la estructura organizativa y retributiva de la empresa'. Así reza el pliego. Un adornado y enrevesado título para encabezar el pliego de cláusulas administrativas del concurso convocado por la propia Divalterra con el fin de que el ganador de la adjudicación aclare a los gestores públicos qué hacer con la empresa, cómo hacerlo y con cuántos trabajadores. La empresa pública gastará 42.000 euros, IVA incluido, con el fin de lograr una hoja de ruta que está sembrando mucha preocupación entre los empleados de Divalterra, que albergan serias dudas de la motivación de los movimientos de PSPV y Compromís. Existe cierta intranquilidad porque este informe pueda ser el embrión de despidos en un futuro no demasiado lejano.

Resulta llamativo que la iniciativa se adopte un año después del cambio de imagen de la empresa pública porque traslada la sensación de que se ha perdido un precioso tiempo. En todo este difícil tránsito, la compañía no ha estado exenta de polémica. Desde la contratación de determinados servicios jurídicos a los gin tonics de las comidas de responsables pagados con dinero público que terminó con la dimisión de Sahuquillo.

El comité de empresa de Divalterra, compuesto por delegados de UGT, CSI-F y CCOO, ha anunciado a la plantilla de la empresa pública dependiente de la corporación provincial que van a iniciar una serie de movilizaciones (7 y 9 de junio) con el fin de reivindicar «la dignidad de nuestro trabajo».

En este sentido, las peticiones de los representantes de la plantilla es que se reconozcan sus competencias profesionales, mejoras salariales y «adscripción del personal» de Divalterra «a la Diputación para garantizar la estabilidad de nuestro empleo». Los representantes de los trabajadores no se fían del modo en que socialistas y nacionalistas están gestionando la empresa pública. A tenor de las peticiones del comité de empresa, la plantilla prefiere depender directamente de la institución provincial con el fin de que si, definitivamente Divalterra se hunde, los trabajadores no se vean arrastrados con la firma.