El Consell del Botànic busca un topo entre sus altos cargos

El consejo de administración de Vaersa -la empresa de la administración autonómica encargada de la gestión de los residuos- aprobó el pasado 3 de mayo la apertura de una investigación interna con el objetivo de identificar al alto directivo de la firma responsable de haber filtrado información a los medios de comunicación de la denuncia presentada por el sindicato USO en relación con la adjudicación de tres encomiendas de gestión a la empresa pública estatal Tragsa, en detrimento de la propia firma autonómica.

El acuerdo adoptado por el consejo, presidido por la propia consellera de Agricultura, Elena Cebrián, encarga a la conselleria de Transparencia que inicie un proceso de búsqueda de ese alto cargo al que se le atribuye no sólo la realización de declaraciones sobre esa denuncia, sino también la revelación de documentación de la empresa. Cebrián, en la reunión del consejo, llegó a defender en primera persona la necesidad de iniciar esta investigación interna, tanto en aras a la transparencia que debe primar las actuaciones del Consell y sus responsables como por lo que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada en mayo de 2016 señala respecto de los principios de actuación, reserva y confidencialidad, de aplicación a las personas que ejerzan cargos directivos en empresas públicas como Vaersa.

La denuncia presentada por el sindicato USO, y asumida por la fiscalía, afecta a tres adjudicaciones a la empresa estatal Tragsa. El sindicato explicó en su día -principios de abril, cuando trascendió la denuncia- que la modificación de la ley de contratos públicos aprobada por la UE convertía en ilegales estas contrataciones, al no poder considerarse a Tragsa medio propio de la conselleria. La fiscalía decidió abrir una investigación que afecta a la propia consellera, Elena Cebrián, y a su número dos en Agricultura, el secretario autonómico Francisco Rodríguez Mulero, por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos y delito fiscal.

Pero lo que ahora sorprende es la decisión del Consell del Botànic de iniciar la búsqueda de su propio topo entre los altos directivos de una empresa pública. En la reunión del consejo, el número dos de Cebrián, Rodríguez Mulero, fue el que planteó la conveniencia de poner en marcha esta investigación. En la fecha de reunión de ese consejo, el pasado 3 de mayo -relató Mulero- sólo se había reclamado documentación Tragsa, motivo por el que concluyó que la investigación se encontraba en una fase muy primaria Y pese a ellos, los medios habían publicado declaraciones «de una persona integrante de la cúpula de Vaersa» que, a su juicio, perjudicaban a los miembros del consejo y a la propia firma.

Mulero emplazó al consejo a abrir la investigación interna. Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y también presente en la reunión, expresó por su parte la complejidad de iniciar una investigación en el sentido propuesto por Mulero. Alfonso Puncel, también consejero de Vaersa y subsecretario de la conselleria de Transparencia, intervino para remarcar que la denuncia de USO se refería a la actuación de otra mercantil, y no de Vaersa. No obstante, el consejo acordó por unanimidad encargar a ese departamento, el que dirige Manuel Alcaraz, el inicio de las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.

El otro topo

Con la apertura de esta investigación interna, el Consell presidido por Ximo Puig y Mónica Oltra recuerda uno de los episodios más lamentables protagonizados por el último Ejecutivo del PP, el presidido por Alberto Fabra. La filtración en 2014 a los medios de comunicación de información sensible del propio presidente del Consell -se llegó a hacer pública una de sus nóminas, la contratación de un coach para Fabra y hasta el ascenso de su cocinero- o de la entonces secretaria autonómica de Organización y Coordinación de la Generalitat, Esther Pastor -se dieron a conocer gastos de caja fija en la que aparecían conceptos de lo más variopintos, como ñoras- evidenció la debilidad de ese Ejecutivo.

El revuelo generado por la difusión de aquellos documentos -a través de una 'Asociación Valenciana contra la Corrupción' de la que nunca se supo demasiado- derivó en una caza de brujas en presidencia de la Generalitat, muy del estilo de 'Mortadelo y Filemón'. Se interrogó a funcionarios a la búsqueda del topo y se evidenció la brecha entre Fabra y su entonces número dos, José Císcar -el jefe de seguridad del Palau llegó a interrogar incluso al responsable de prensa de éste y el caso acabó en los juzgados-. El topo, obviamente, nunca llegó a ser identificado.