La eurodiputada valenciana Marina Albiol (IU) promueve en la UE una declaración de apoyo a los agresores de Alsasua

La eurodiputada valenciana de IU Marina Albiol es una de las promotoras de una declaración suscrita conjuntamente por eurodiputados de la coalición, Podemos, PNV, Bildu, ERC, ICV, PDCat y EQUO de apoyo en la Eurocámara a los nueve jóvenes detenidos por la agresión a dos guardias civiles -uno de ellos, de Puçol- y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra).

«Solicitamos que los principios de proporcionalidad, justicia y equidad prevalezcan. Por tanto solicitamos la eliminación de la definición criminal de terrorismo para estos acontecimientos y la devolución de la investigación al Tribunal de Primera instancia número 3 de Pamplona para que los nueves detenidos sean juzgados aquí», reza la declaración de apoyo promovida en la Eurocámara por Albiol y por Josep-Maria Terricabras (ERC), que remarcan que sólo un agente fue herido «levemente» tras «una pelea en un bar».

La declaración, además de ambos, la firman los eurodiputados de Izquierda Unida Javier Couso, Paloma López Bermejo y Ángela Vallina, su compañera de filas de Alternativa galega de esquerda, Lidia Senra, así como los eurodiputados de Podemos, Tania González, Xavier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres y Miguel Urbán.

También la han suscrito la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, el eurodiputado de Bildu, Josu Juaristi, así como el también eurodiputado de ERC, Jordi Solé, el de ICV, Ernest Urtasun, de PDCat Ramón Tremosa y de EQUO, Florent Marcellesi.

Los eurodiputados del PP Luis de Grandes y la independiente liberal Beatriz Becerra censuraron con firmeza la iniciativa y cerraron filas con los agentes de la Guardia Civil. «Calificar los graves hechos de matonería por parte de un grupo que abusando de actuar con una mayoría aplastante, como una 'pelea en un bar', constituye un sarcasmo inaceptable», avisó en un correo electrónico dirigido a Terricabras el eurodiputado popular.

En el manifiesto, los eurodiputados explican que tres de los jóvenes, de edades comprendidas entre los 19 y los 24 años, «están actualmente en prisión, a 400 kilómetros de sus hogares y en un régimen especial de prisión conocido como IS, en el que sus derechos están significativamente restringidos».

El eurodiputado popular De Grandes rechazó firmar la declaración «por tendenciosa» y porque «hace caricatura de la realidad» porque «todo parece indicar que se trata, una vez más, de una agresión que trae causa de la condición de policías de los agredidos». «Confío en que los Tribunales competentes pongan a cada uno en su sitio», señaló. «En mi opinión, existen más que indicios de que efectivamente nos encontramos ante conductas tipificadas como delito de terrorismo», dejando claro que «en todo caso la presunción de inocencia subsiste y serán los tribunales los que decidan» al respecto. «Si hay que hacer alguna presunción previa la hago en favor de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado», sentenció. Becerra también criticó la «intención distorsionadora clara» de la declaración sobre el incidente.

El Supremo ve posible delito terrorista y envía el caso a la Audiencia Nacional

El Tribunal Supremo ha declarado al juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por la juez Carmen Lamela, competente para investigar el ataque sufrido por dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua el pasado 15 de octubre de 2016, al entender que indiciariamente se trataría de un delito de terrorismo.

De este modo, ha resuelto la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, a instancia de la Audiencia Provincial de Navarra, que considera que la causa debía seguirse allí. El Supremo afirma que los hechos pueden encajarse en el artículo 573.1 del Código Penal que considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. La Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal explica en un auto que, en una «valoración provisional» y conforme a un informe del Ministerio Público al respecto, la competencia es de la Audiencia Nacional, ya que es la encargada de los delitos de terrorismo. Asimismo, indica que esta decisión no debe perjudicar el resultado de la investigación y de lo que se pueda decidir en el momento del enjuiciamiento.

De hecho, el alto tribunal recalca que «dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes» de momento no se puede «excluir» la gravedad del delito. Según dice el Supremo, se puede apreciar de «modo indiciario» que los hechos tuvieron lugar «dentro del marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios».

Además, señala que tampoco se puede descartar que la finalidad de las actuaciones fueran «provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas de los hechos».

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha sido la que ha llevado la instrucción de la agresión de los dos agentes de la Guardia Civil, acompañados por sus parejas. La magistrada concluyó el sumario contra los nueve identificados como agresores el pasado 2 de febrero.