75.000 millones prestados y los mismos vicios

La Sindicatura de Cuentas ha retratado la magnitud del colapso financiero que atraviesa la Comunitat Valenciana. Una deuda de 49.700 millones de euros, un patrimonio neto negativo de 34.000 millones de euros al finalizar 2019, gastos sin cobertura presupuestaria que alcanzan los 945 millones y expedientes de enriquecimiento injusto por más de 1.400 millones de euros. Cifras mareantes todas ellas, que lo que constatan es que la administración autonómica no sólo gasta mucho más que ingresa, sino que además no impone medidas de control del gasto -en el ejercicio de 2019 aún creció más de un 8%-.

La Generalitat arrastra una situación crítica desde antes de 2010. La crisis económica declarada sólo unos años antes disparó el precio del dinerEl o. Y sin embargo, esa nueva coyuntura no vino acompañada de un cambio en las políticas económicas por parte del Ejecutivo valenciano. La consecuencia fue un encarecimiento del precio del dinero y una contracción de la actividad económica, que llevó a partir de 2011 a una situación financiera dramática. El Ejecutivo central optó entonces por poner en marcha mecanismos de liquidez para que las CCAA con dificultades no cayeran en la quiebra técnica, consciente de que si las autonomías incurrían en impago, sería el propio Estado el que acabaría pagando las consecuencias.

En 2011 el déficit de la Comunitat Valenciana alcanzó el 5% del PIB -algo más de 5.075 millones de euros- después de que Bruselas obligara a aflorar lo que hasta ese momento se conocía como 'facturas en los cajones', los gastos que la administración acometía sin la pertinente cobertura presupuestaria. 2012 es por lo tanto el año de la puesta en marcha, y de la popularización, de términos como FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica dirigido a salvar los problemas de las regiones para renovar sus vencimientos de deuda y para solventar sus retrasos en los pagos a proveedores. En ese ejercicio, el Gobierno central prestó a la Comunitat un total de 13.291 millones de euros, una cifra que equivale a la mitad del presupuesto de la Generalitat que Les Corts acaba de aprobar para 2021.

De esos más de 13.000 millones, más de 5.100 millones llegaron para dotar de liquidez a las arcas autonómicas, mientras que los otros 8.000 llegaron vía FLA y plan de proveedores. la Comunitat fue la que recibió más fondos del Ejecutivo presidido entonces por Mariano Rajoy. Una circunstancia que, lejos de entenderse como un gesto positivo hacia la Comunitat, sirvió para retratar la magnitud de un colapso financiero que a punto estuvo de costar hasta cortes de luz en algunos de los servicios públicos básicos.

La respuesta del Gobierno valenciano, ya con Alberto Fabra como presidente, fue la de aprobar el denominado 'decreto Vela' -en alusión al entonces conseller de Hacienda José Manuel Vela- cuyo tijeretazo para tratar de salvar las cuentas públicas fue casi tan bienintencionado en origen como después tumbado por los tribunales de justicia -por la parte que afectaba a los funcionarios interinos, a los que se les había recortado jornada laboral y sueldo-. 2012 fue el año de caer en la cuenta de la debilidad de las arcas autonómicas. Los siguientes, hasta el que acaba de terminar, han ayudado a terminar de definir ese retrato de una situación que, si de una mercantil se tratara, habría llevado sí o sí hace tiempo a la quiebra. 6.198 millones en 2013; 9.673 en 2014; 10.889 en 2015... y así hasta los 8.430 millones de euros de este 2020. Los datos del ministerio de Hacienda suman un total de 75.212 millones de euros, prácticamente tres veces el presupuesto de la Generalitat para el año que acaba de comenzar.

Respecto al resto de autonomías, la valenciana es la segunda que más dinero recibe, sólo por detrás de Cataluña -con 100.000 millones de euros-, y por delante de Andalucía (48.000 millones) o Castilla-La Mancha (21.000 millones). En términos, tanto al PIB como a la población, la Comunitat encabeza las clasificaciones.

Que el Gobierno -el del PP en su día y el del PSOE en la actualidad- hayan tenido que aportar oxígeno a las finanzas valencianas también tiene un aspecto positivo. Que sea el Estado el que se haya hecho cargo de los vencimientos de deuda ha provocado que buena parte de esos casi 50.000 millones que debe la Comunitat sea, precisamente al Estado. Y eso significa unos tipos de interés mejores que los que ofrece el mercado e incluso la posibilidad de que el Ejecutivo pueda optar por algún tipo de condonación de la deuda, una vieja reivindicación de la Comunitat Valenciana que, no obstante, se plantea con la boca pequeña y con posibilidades más que discutibles de éxito.

La tesis oficial de la Comunitat, la que se utiliza para justificar esa permanente crisis financiera de la Generalitat, tiene un nombre: infrafinanciación. Una cantinela agitada desde hace más de una década -Francisco Camps fue el primero en cuestionar la falta de fondos que llegaban a la Comunitat con el modelo que se había aprobado en 2002- que se ha mantenido intacta hasta nuestros días porque el sistema que se aprobó a continuación, el de 2009, resultó igual o más lesivo para los intereses valencianos. La historia posterior es conocida: ese modelo 'caducó' el 1 de enero de 2014 y desde entonces -ya se han cumplido siete años- los gobiernos de PP y de PSOE han prorrogado el sistema sin abordar las negociaciones para poder sacar adelante uno nuevo. El último plazo lo dio hace pocas semanas la titular de Hacienda, María Jesús Montero, cuando anunció que confiaba en poder presentar una propuesta de nuevo sistema el próximo mes de febrero para abordar entonces las negociaciones con las CCAA y con los grupos políticos.

Ese argumento, el de la infrafinanciación, tropieza en la Comunitat con dos inconvenientes. El primero hace referencia al constante aumento de los ingresos que viene recibiendo la Comunitat en lo que se refiere al sistema de financiación. Según la propia Generalitat, se ha pasado de 9.212 millones en 2015 a 11.964 millones en 2020. Un aumento de 2.750 millones de euros en cinco años, que, no obstante, no ha impedido que las diferencias entre ingresos y gastos al cierre de cada ejercicio sigan siendo significativas -las de 2019 fueron de un déficit de 2.194 millones de euros-. Es decir, el hecho cierto de que los ingresos aumentan no supone en ningún caso que la Comunitat Valenciana cuente con fondos suficientes para atender sus necesidades.

Hay otra razón ligada a ésta. Si esos ingresos se siguen quedando cortos es, precisamente, porque los gastos también siguen creciendo. El razonamiento que serviría para cualquier familia -ante una situación financiera apurada, se opta por ahorrar- se traduce en el caso del Botánico por mantener una política de endeudamiento, que lleva incluso a sostener año tras año partidas en el capítulo de ingresos que se sabe positivamente que no llegarán.

¿Y en qué se va ese aumento del gasto? La administración autonómica ha visto aumentar el número de sus funcionarios públicos -tiene 8.000 más que hace cinco años-, ha agrandado la estructura de gobierno con más consellerias, es decir, también con más altos cargos y más asesores. Ha dejado de recortar empresas públicas y ha vuelto a aumentar su número. Se hinchan ingresos que no llegan y que, sin embargo, sí que se gastan. Y la deuda que se genera obliga a dedicar a amortizaciones una parte importante de los gastos.

Una gestión más propia de una administración saneada que de una a la que el Gobierno le ha tenido que prestar 75.000 millones de euros y que acaba todos los años en situación de superávit. Vicios que la Sindicatura retrata año tras año y que, sin embargo, se mantienen.