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El secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, y el presidente del consejo rector de À Punt, Enrique Soriano, firmaron el 1 de junio de 2018 el contrato programa que fija los objetivos generales y de programación contenidos en el mandato marco para la nueva televisión autonómica en el periodo comprendido entre 2018 y 2020. El documento establece los objetivos específicos de la corporación, las aportaciones que debe realizar la Generalitat y los indicadores de gestión y eficiencia económica en el ente, entre otros.
Cualquier análisis para extraer conclusiones respecto al cumplimiento del contrato programa debe esperar al menos un año de ejecución. Pero es el propio documento el que anticipa cuáles deben de ser los objetivos a cumplir, por ejemplo al cierre de 2018, por parte de la entidad que dirige Empar Marco.
El contrato programa señala que los fondos de que se dota la sociedad tienen origen en el capítulo 4 del presupuesto de la corporación (subvenciones concedidas a la sociedad) y en los ingresos procedentes de la publicidad y la venta de los productos generados por la actividad que tiene encomendada, «que se cuantifican en conjunto en cuatro millones de euros para el ejercicio 2018» y otros seis millones para el resto de los ejercicios de vigencia del contrato.
La televisión de À Punt inició sus emisiones provisionales en abril de 2018, y las definitivas el domingo 10 de junio de ese año, sólo unos días después de la firma del contrato programa. De manera que de ese ejercicio cabe contabilizar medio año. La radio, por contra, arrancó su emisión en pruebas a finales de 2017. En ambos casos, el inicio de emisiones podría considerarse como un hito que, desde el punto de vista de la captación de publicidad, podría favorecer la llegada de anunciantes.
Pero no fue así. Las cuentas de À Punt correspondientes al cierre de 2018 aclaran los ingresos y gastos en los que ha incurrido la sociedad en su primer ejercicio. Y concreta la cifra de negocio en un total de 816.352 euros. De esa cifra, 812.000 euros corresponden a ingresos por publicidad, y otros 3.600 a la prestación de servicios.
La cifra, obviamente se queda a años luz de esos cuatro millones previstos en el contrato programa para el ejercicio de 2018, a pesar de que cuando este documento se firmó, la nueva televisión pública aún no había empezado su emisión definitiva. Esos 816.352 euros suponen poco más de un 20% de esos 4 millones comprometidos en el contrato programa. Ni siquiera la extrapolación de esos datos a un ejercicio completo permitiría alcanzar siquiera la mitad de lo previsto en este documento.
El equipo que dirige Empar Marco puede alegar, y de hecho lo hace, que con menos de un año de emisión no se pueden extraer conclusiones definitivas de estos datos. La explicación, desde la óptica de À Punt, vale también para las audiencias -el gran caballo de batalla para la televisión valenciana. Pero esos dos elementos clave, tanto ingresos por publicidad y como audiencia, vienen siendo observados con preocupación desde el Gobierno autonómico.
Las cifras de audiencia de la televisión valenciana vienen condicionadas en el contrato programa por una referencia muy concreta: «En el primer año, consideramos como objetivo, en la generación de audiencias, la media aritmética de las cuotas de las cadenas autonómicas de reciente creación, ponderada por sus respectivos presupuestos por habitante», señala el documento.
Las últimas cadenas autonómicas en arrancar sus emisiones, sin contar À Punt, fueron Aragón, Asturias, Extremadura y Murcia, todas ellas en 2006. La audiencia más baja de esas cuatro cadenas durante el pasado mes de marzo fue el de 7 TV, la televisión pública de Murcia, que logró un 2,8%. La de Asturias se fue hasta el 5,6, Extremadura al 6,2 y Aragón hasta el 8,8% de audiencia. En el mismo mes, con un dato calificado de exitoso por sus directivos, À Punt alcanzó el 2,5.
La dirección de la cadena es consciente de que buena parte de su éxito se va a medir en términos de audiencia. Y las cifras no salen. Los 55 millones que aporta la Generalitat son bastante más que los 15 del Gobierno de Murcia para su televisión, los 20 de Asturias para la suya o los 24 de Extremadura -Aragón, el que más se acerca, aporta 47-. La media de gasto por habitante sale algo mejor, aunque la administración autonómica tiene serias dudas de que esa consideración deba tenerse en cuenta -también influye la situación financiera de cada autonomía. A À Punt no le salen las cifras, y el contrato programa espera el momento de ser sometido a examen.
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