Opinión
Lo apuntamos ya en otras crónicas, el factor humano en la Justicia no es un elemento despreciable. Un tribunal, el que juzgó la financiación ilegal del PP dio por buena la confesión de Ricardo Costa y las supuestas relaciones de Álvaro Pérez, el Bigotes, con ... Francisco Camps. Otros magistrados, los de la última pieza de Gürtel, han cuestionado esa supuesta amista entre dirigente y en lo complicado que es analizar «el alma humana» para desentrañar qué es la amistad y en qué grado es percibida por cada uno de ellos. Más allá de esa premisa, conviene ir al resultado. Camps ha sido absuelto. En definitiva, no medió a favor de la trama Gürtel para darles contratos. Y no es el primer pronunciamiento a su favor. Ya fue absuelto -no culpable en terminología del jurado popular- por el caso de los trajes. A aquel episodio -quizá el juicio más mediático en la historia de la Comunitat- se le sumó toda una ristra de acusaciones, casi una decena, de diferente naturaleza. Que si la Fórmula 1, que si los contratos de la visita del Papa a Valencia, que si Nóos y los eventos de Iñaki Urdangarin, que si las obras del circuito... En algún momento, dio la sensación de que todo lo que pasaba por las manos de Camps era delictivo. En todo este escenario de sospecha generalizada, de mirada sucia sobre la política -por diferentes motivos- el expresidente se cruzó con tres compañeros que hicieron la tarea más complicada. Por un lado, el PSPV que ejerció la acusación en Gürtel y la F-1, aunque de manera testimonial en esta. También con la Abogacía de la Generalitat, en ese momento en manos del Botánico, que persistió en sus acusaciones incluso cuando estas no contaban con el respaldo de la Fiscalía. Y también apareció en escena el fiscal Vicente Torres, un profesional que acogía con entusiasmo el protagonismo mediático y terminó de magistrado del Tribunal Superior de Justicia con el apoyo del Botánico.
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La sentencia de esta semana exonera de manera personal al presidente Camps de la corrupción. Pero esta victoria individual, incontestable por otra parte, no puede esconder las sombras de su etapa al frente de la Generalitat. Porque su PP también era el de Alfonso Rus, Carlos Fabra o Rafael Blasco. El caso Cooperación supone la cúspide en la montaña de la indecencia. Existió una trama en el seno de la Conselleria de Solidaridad, dirigida por Blasco, que desvío dinero destinado a los más desfavorecidos. Robar a quien no tiene nada resulta miserable. Luego aparecieron otras condenas, domo la de Consuelo Císcar por su gestión en el IVAM. Y llegaron las de las piezas del caso Gürtel, sin duda, los nueve años de cárcel para Milagrosa Martínez por los amaños del expositor de Fitur fueron un mazazo para el PP en lo que se definió como el «desembarco» de la trama en la Administración. Y hubo más. La financiación irregular del PP en los años 2006 y 2007 articulada a través de empresarios que pagaban los actos electorales como servicios ficticios a Orange Market. La sentencia dejó como principal responsable de todo este entramado a Ricardo Costa -su colaboración le libró de la cárcel- tras la absolución de Vicente Rambla. Pero la experiencia invita a pensar en lo complicado que resulta que toda esta operativa la desarrolle y capitalice una sola persona. No obstante, aquí el convencimiento o las sospecha cuenta poco. El valor lo aportan las sentencias. Camps ha salido indemne de todos los frentes y el PP debería ahora buscarle un acomodo si cree que su figura está rehabilitada políticamente. El regreso del expresidente puede suponer más problemas que beneficios. Tiempo al tiempo.
Existe otra sentencia en el horizonte para revitalizar o hundir el prestigio de la otra gran figura del PP de esa misma etapa, la de Rita Barberá. La sección segunda de la Audiencia de Valencia prepara estos días el fallo sobre la supuesta financiación ilegal del PP de la capital del Turia, un método similar, pero a menor escala demográfica, que el sistema confesado por Ricardo Costa. Sería una forma de limpiar parcialmente un prestigio que el PP, por su cuenta y no sin cierta precipitación, se ha encargado de recuperar. El archivo del conocido como caso del Pitufeo y el hecho de que Barberá falleciera, sin duda, han contribuido a esa catarsis pública. Y eso que todavía queda esa sentencia y el desenlace del caso Azud, un asunto donde la investigación apunta a que el cuñado de Barberá, José María Corbín , cobró comisiones millonarias de los grandes contratistas del Ayuntamiento. No parece buena rúbrica para un legado.
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