Ábalos denuncia ser víctima de una «inquisición general» por parte del Supremo

Según el exsecretario de Organización del PSOE, lo que el juez está llevando a cabo es lo «que la doctrina y la jurisprudencia denominan 'fishing expedition' contra el investigado». O lo que es lo mismo: con el pretexto de esclarecer un determinado hecho delictivo «lo que buscan es indagar en la vida y obra» del acusado para ver si, «en el curso de dicha indagación, existen otros delitos que puedan ser descubiertos, partiendo del convencimiento de la fuerza investigadora sobre la criminalidad del investigado».

En su recurso, en realidad, Ábalos rebate todas las diligencias ordenadas el pasado 4 de febrero a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el instructor después de que el exministro haya perdido su inmunidad al aceptar su suplicatorio el Congreso de los Diputados. Entre esas diligencias, Puente reclamó una investigación de las cuentas y bienes del diputado y de su hijo; o una investigación sobre los «aforados» que tuvieron contactos con Víctor de Aldama (en particular con el ministro Ángel Víctor Torres y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán); amén del interrogatorio de 17 testigos citados por el propio De Aldama.

Para Ábalos, estas diligencias suponen en realidad «someter a una persona a una investigación prospectiva que es del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de derecho».

Sobre el análisis patrimonial de Ábalos y su familia, las quejas del imputado son varias, empezando por el hecho de que el juez «no determina el periodo de tiempo que abarca» ni para él ni para su hijo Víctor Ábalos. Sobre su primogénito, el imputado se queja de que se le haya puesto en el centro de las pesquisas a pesar de que «no ha tenido ninguna participación en la realización del hecho delictivo objeto de investigación, ni tan siquiera como responsable civil subsidiario». «Ello, sin darle la oportunidad de personarse en las actuaciones como testigo», lamenta, para luego subrayar que en lo instruido «no aparece ningún dato de que haya podido tener ningún beneficio económico».

Las críticas de Ábalos también se refieren a la citación de testigos. Entre ellos se encuentran, entre otros: su exnovia Jéssica, que le acompañaba en viajes oficiales y cuyo alquiler en un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid era pagado por la trama de Víctor de Aldama; Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a Ferraz; o el propio Víctor Ábalos.

Afirma el imputado, que el juez les ha citado sin explicar «las circunstancias y motivos» para esas testificales, máxime cuando los mismos «nada tienen que ver con el objeto de la presente investigación», que –entiende la defensa del exministro- siguen siendo las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de mascarillas en plena pandemia de coronavirus, que fue el origen de la investigación en la Audiencia Nacional del entonces conocido como 'caso Koldo'. Afirma que si no se explican esos motivos de las citaciones, durante el interrogatorio se podrían producir «situaciones sorpresivas» y se produciría «una indefensión» y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

José Luis Ábalos en su escrito ante el Supremo también sale en defensa de sus excompañeros de partido señalados por De Aldama: Cerdán y Torres. Insinúa que ordenar revisar las comunicaciones del cabecilla de la trama en busca de pistas sobre el ministro de Política Territorial y el actual número 3 del PSOE es en realidad «extender la investigación a personas aforadas» y a «otros aforados más que pudieran aparecer». Y todo ello, «sin darles la oportunidad de defenderse y sin tan siquiera solicitar un suplicatorio».

También se fija en su nueva citación como investigado, reprogramada para el 20 de febrero, y señala que esa comparecencia se advierte de que se podrían ponderar «la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él». Al hilo, explica que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), esas medidas deben ser solicitadas por el fiscal o por alguna de las acusaciones.

Advierte de que Puente tiene «una predisposición a celebrar una comparecencia que no ha sido solicitada por las partes» e intuye que se da ya en él «una pérdida de objetividad e imparcialidad». «Existe ya una animosidad a celebrar una actuación procesal de naturaleza grave, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado», resalta.

Por otro lado, lamenta que el juez acuerde que sea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que ejerza de policía judicial cuando Ábalos la ha denunciado «hasta la fecha en tres ocasiones (...) por presuntamente haber vulnerado »sus derechos como persona aforada y sobre quien hasta la actualidad, no existía mandamiento judicial alguno que permitiera una investigación».