La Abogacía del Estado contradice a la Fiscalía y avala rebajar la inhabilitación a Junqueras

El argumento de los servicios jurídicos de la Administración es que, en base a la reforma del Código Penal, los únicos delitos que se les pueden imputar son desórdenes públicos y malversación atenuada, frente a la sedición y la malversación por la que fueron condenados en 2019.

Respecto al desvío de los fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O, la Abogacía sostiene en el escrito de 39 páginas remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que no se demostró ánimo de lucro . Este es precisamente uno de los atenuantes que incluye la reforma aprobada el pasado diciembre tras un pacto entre el Gobierno de coalición y Esquerra. En concreto, se valora que los condenados «dieron al patrimonio público que administraban una aplicación pública diferente de aquella a que estuviera destinado», lo que, aunque implica un delito, no contiene el agravante de la apropiación personal.

Para el resto de condenados -Carme Forcadell, Joaquím Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- la Abogacía solicita rebajas aún mayores de las admitidas por el Ministerio Público.

A cada uno de los nueve juzgados por el Supremo se les revisará solo las penas de inhabilitación, toda vez que las de prisión -todos ellos fueron condenados por el derogado delito de sedición- han quedado resueltas por el cumplimiento en parte de la pena y el indulto parcial otorgado por el Gobierno. La Sala de lo Penal que preside el juez Marchena deberá pronunciarse ahora en las próximas semanas sobre las posiciones de la Fiscalía, la Abogacía y las defensas. Estas últimas solicitan la plena absolución.