La Abogacía pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un informe del expediente de Francis Puig

Resulta probable que el expediente a la empresa de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y a sus socios, los Adell Bover, contenga información relevante sobre las prácticas presuntamente ilegales para repartirse un contrato en À Punt. De ahí que el PP reclame la entrega de la documentación. La Fiscalía le ha dado la razón porque ve una maniobra de la Generalitat para entorpecer la labor de oposición, mientras el presidente Puig se desliga y responde que la decisión es de la Conselleria de Economía, en manos de Compromís.

La Abogacía de la Generalitat alega que la resolución de la Conselleria no sólo es acertada sino que considera que está avalada por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este es un aspecto novedoso que los letrados de la Generalitat han introducido en su contestación a la demanda y que no figuraba en su totalidad en la respuesta administrativa que el subsecretario de Economía ofreció al PP. Además, han pedido un informe al organismo para que exprese un dictamen sobre el caso del empresario Francis Puig.

Los funcionarios recuerdan que el Reglamento de Competencia ya establece la «confidencialidad« de las actuaciones incluso para los propios interesados, es decir, las personas que están siendo investigadas porque se deben proteger »los secretos comerciales«.

La contestación a la demanda subraya una reciente guía de la institución al respecto de la tramitación de este tipo de expedientes. «La información contenida en el expediente solo es accesible a los sujetos (personas físicas o jurídicas) declarados interesados en el procedimiento, por lo que el hecho de no declarar la confidencialidad solicitada no significa que adquiera el carácter de pública», indican en la respuesta.

La Abogacía cita numerosas resoluciones de la CNMC donde deniegan el acceso a este tipo de información. No obstante, la solicitud de un informe específico, al parecer, reside en que no hay antecedentes donde el peticionario sea un diputado autonómico o nacional. La normativa de la CNMC precisa, además, que las personas que tienen acceso a esos expedientes deben guardar silencio sobre los datos que conocen. En definitiva, la Abogacía sostiene que en el expediente del hermano de Ximo Puig prevalece la confidencialidad por encima de la labor de oposición del PP. Así se encontraría por encima «el derecho de defensa de quienes son imputados y el de no producir indefensión o perjuicios irreparables a terceros».

La Generalitat considera que existe suficiente base para que el TSJ rechace las pretensiones de los populares. Pero, en el caso de que los magistrados dieran la razón a los demandantes, piden que el acceso se dé con una serie de condiciones. Así, reclaman que la «pieza separada con documentación confidencial en ningún caso se le dé acceso». Además, añaden que la consulta debería ser presencial y que no implicara una copia de toda la documentación sino más bien una consulta de los papeles y la posibilidad de tomar notas. La solicitante, la diputada Eva Ortiz, tampoco podría hacer fotografías ni estar ayudada por algún asesor popular.