La Abogacía recurre la citación del número dos de Puig ante la jueza por la F-1

La Abogacía de la Generalitat trata de frenar la declaración de Andreu Ferrer, persona de la máxima confianza del presidente Ximo Puig, en el asunto del aval de la Fórmula 1. Los servicios jurídicos de la Administración han presentado un recurso contra la citación como testigo de Ferrer, máximo responsable político de la Abogacía, y la actual directora general de la institución, María José Rodríguez.

Las comparecencias, solicitadas en su día por la defensa de Francisco Camps, pueden terminar en un interrogatorio de por qué siguen manteniendo la acusación contra el expresidente cuando la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo de las actuaciones. En este sentido, además, la Abogacía cuenta únicamente con una pericial encargada al despacho Gómez Acebo por la que se ignora qué cantidad han abonado. Se desconoce el proceso de contratación y por este mismo motivo la representación de Camps ha anunciado su intención de denunciar a los responsables. Esta cuestión está a la espera de la decisión de la jueza.

La Generalitat considera "irrelevante, impertinente e innecesaria" la comparecencia de Andreu Ferrer, secretario autonómico de Presidencia. Recuerda el escrito que en una instrucción no se tiene por qué admitir todas las diligencias y hay que evaluarlas de acuerdo a los principios de pertinencia y relevancia. En el supuesto de Ferrer, concluye que el alto cargo "no conoce los hechos ni circunstancias ni posee datos suficientes para la comprobación del delito porque no tenía cargos ni funciones en la época en la que Camps ordenó que la Generalitat se convirtiera en avalista de la empresa Valmor".

La acusación particular insiste en que no es objeto de este procedimiento la contratación de esa pericial ni que los dos testigos hagan una explicación de por qué la Abogacía no ha ejercido una labor de asesoramiento en esta cuestión y se ha tenido que recurrir a un despacho externo.

En este punto, recuerdan que la causa se reabrió por mandato de la Audiencia de Valencia que apuntó hacia dónde podía estar el quid de la cuestión, en una pericial acerca de las posibles consecuencias de esta garantía de acuerdo al derecho inglés que ampara los contratos de la F-1.

La Abogacía aporta los cargos que ostentaban los ahora citados para aclarar que no tuvieron ninguna relación con la etapa de Camps. Ferrer, antes de 2015, no tenía competencias en la Administración. Fue entonces cuando se le nombró secretario autonómico de Presidencia. La firma del aval es del verano de 2011. El caso de la abogada María José Rodríguez es algo diferente. En aquel entonces, era la responsable de los servicios Contenciosos de la Abogacía, pero su labor no era la de asesorar sino la de asistir a los juicios.

Los servicios jurídicos de la Generalitat, por otra parte, subrayan el nulo asesoramiento que se pudo dar en su día al presidente Camps porque este precisamente se alejó de todo el procedimiento legal para la concesión del aval. La Fiscalía, en cambio, interpretó que existía un vacío legal y, por tanto, no hubo prevaricación.