La Abogacía recurrirá la sentencia de Cooperación por las rebajas de pena aplicadas a los cabecillas

La Abogacía de la Generalitat no se encuentra especialmente satisfecha con el cierre judicial del caso Cooperación. Por un lado, por las notables rebajas de pena para los principales acusados de la trama como el exconseller Rafael Blasco (un año); el empresario Tauroni (dos) y muy especialmente el descuento para el exjefe de Cooperación Marc Llinares (dos años y nueve meses).

La acusación particular entiende que se aplicaron atenuantes (confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas) que no se ajustan al desarrollo de los hechos. En caso de no apreciarse estas especiales circunstancias les penas hubieran sido de mayor entidad, especialmente para Llinares, el único de los cabecillas de la trama que hasta la fecha no ha pasado ni un día en la cárcel. Un error le libró de la condena en la primera de las piezas. Esta cuestión, la de las atenuantes, se planteará en un futuro recurso al Tribunal Supremo.

El segundo motivo de sorpresa en la Abogacía al conocer el fallo consiste en que el tribunal no haya entrado a fijar las responsabilidades civiles. La sentencia reprocha a la Generalitat que no aportara informes en los que se cifrara el desvío real de dinero (parte de la subvención sí se invirtió en los proyectos) para poder establecer las indemnizaciones. La Administración discrepa. Sostiene que hay una pericial del interventor que cifra en algo más de 3,5 millones las cantidades distraídas. Otro dosier de la Abogacía eleva el montante a los cinco millones.

Pero, además, desde la Generalitat se considera que existe un error cuando los magistrados hablan del Tribunal de Cuentas. Recuerdan que sólo las indemnizaciones de la primera pieza se solventaron en este órgano donde se tienen retenidos -todavía no liquidados- bienes que podrían rondar los dos millones de euros. Es en este procedimiento donde se encuentra trabado el famoso chalé de la familia Blasco.

Sin embargo, de las piezas 2 y 3, que incluye el fallido hospital de Haití, no existe procedimiento alguno en esta jurisdicción. La idea era que fuera la Audiencia la que se encargara de dictaminar la responsabilidad civil. Pero la Sala sólo ha apuntado que esto se tendrá que dictaminar en ejecución de sentencia. Un asunto que con los recursos al Supremo se demorará sin problemas dos años.

Por eso ahora, la Generalitat baraja acudir directamente al Tribunal de Cuentas y reclamar allí la devolución de las cantidades. En asuntos de este tipo, corrupción política, existe controversia acerca del órgano indicado para reclamar el dinero. De momento, gracias a las conformidades de estas dos piezas, se han recuperado 400.000 euros.

La Abogacía se oponía a que descontaran pena por la reparación del daño porque los bienes que ofrecen los principales acusados ya están entregados en la primera pieza. La recuperación total del dinero por el desvío de fondos destinados a proyectos de Cooperación sigue en el aire casi diez años después de destaparse el caso. En este apartado de incertidumbre destacan, por ejemplo, los famosos apartamentos de lujo de Miami junto con el yate que compró Tauroni.

Parte del dinero desviado se utilizó en la compra de estas exclusivas propiedades. Estos bienes figuran a nombre de dos sociedades americanas, lo que complica disponer de ellos.

El TSJ, en la primera sentencia del caso, ya los bloqueó para responder por ellos contra el quebranto. Pero este embargo, al parecer, no se hizo efectivo por la legislación americana. Esto fue hace más de seis años. En septiembre de 2018, el empresario comunicó formalmente su intención de facilitar la venta de las propiedades y poner los bienes a disposición de la Generalitat para incentivar un pacto. Incluso dio poderes a la persona que la Administración designara para que gestionara el dinero. Pero los apartamentos y la embarcación -nadie sabe dónde está realmente- siguen sin venderse.

El entorno de Tauroni asegura que existen ofertas, pero ahora, al parecer, desea esperar hasta que la sentencia sea firme y se aclaren las cantidades que corresponden a cada uno de los cabecillas. En el acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción se hablaba de casi cuatro millones de euros entre él, Blasco y Llinares. El empresario cree que el montante final se puede rebajar notablemente porque mantiene -y la sentencia también- que sí que se hicieron trabajos para los proyectos de desarrollo.

Rafael Blasco, al margen del chalé, añadió para cubrir su responsabilidad en estas dos últimas piezas un bajo en Taquígrafo Martí que actualmente alberga una casa de masajes.

El objetivo de Tauroni era lograr cerca de 600.000 euros con las propiedades. Ahora bien, la operación no es sencilla. Uno de los bienes arrastra una hipoteca que rondaría la mitad de lo que se obtendría por la venta, alrededor de 300.000 euros. El otro apartamento figura como aval de la hipoteca del primero. Estas propiedades siguen estando a nombre de una sociedad americana. Durante este tiempo se ha estado pagando la hipoteca a través del alquiler de las viviendas, según admitió el propio acusado.