La defensa de Alicia de Miguel carga contra el subordinado que la acusa: «Tenía que asegurarse su vejez»

Orange Market se constituye en verano de 2003. «Era un despacho, una mesa y un teléfono». Y entonces ha planteado otro de los indicios: «¿Cómo iba a tener una contratación tan fulminante (Fitur 2005)?» en el sentido de que debía existir un tratamiento preferencial por parte de la Administración.

El letrado ha subrayado la relación de amistad entre el Bigotes y Camps que, según él, ha estado corroborada por testigos y conversaciones telefónicas. «Pero si hasta tenía su número de teléfono. La defensa se ha preguntado por qué Camps no ha aportado su agenda personal para desmentir esa supuesta amistad con su patrocinado. Ha calificado de «inverosímil» que Ricardo Costa, por poner un ejemplo, nunca hubiera estado en el Palau de la Generalitat.

La deuda del partido es otro de los puntos controvertidos en este asunto. Una cantidad que se genera con actos para el partido, efectuados con anterioridad a las adjudicaciones de la Generalitat. Ha querido poner en valor el papel de Ignacio Blanch, como enlace de la trama con la Administración. Por ejemplo, en el Open de Tenis. El abogado ha recordado las palabras de Ricardo Costa de que no había dinero en el partido y que había dos vías para abonar los eventos del partido: efectivo o facturas por otros servicios.

El representante de Álvaro Pérez ha destacado el rédito político que perseguía Camps con los grandes eventos. Y ha destacado cómo se altera todo el proceso de contratación de Fitur y entra una empresa que hasta ese momento era desconocida para el resto de operadores.

El letrado de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones y ha defendido su inocencia durante el informe final. Se trata de una de las protagonistas del sumario porque su participación, según la Fiscalía, permitió la entrada de la trama en el stand de Fitur. «No contrató ni tenía capacidades para contratar», ha subrayado.

Estas competencias, según su criterio, recaían en la subsecretaría. «Su participación es irrelevante». Lo único que hizo fue dar el visto bueno a tres facturas -firmaba decenas de ellas- de un servicio que se había prestado. «Si no podía contratar no pudo cometer prevaricación».

La defensa ha recordado que nadie sabía que la empresa Orange Market perteneciera al holding de Madrid, conocido como grupo Correa. Además, en conversaciones de la trama, se recogen los lamentos ante la oposición de Ibars. «El rigor de ahora con los contratos menores y el fraccionamiento no es el mismo», ha precisado. El letrado ha querido contextualizar todas estas decisiones más o menos acertadas: «Si actuó mal durante un embarazo de riesgo por una contratación decidida por su superior no lo hizo conscientemente».

El otro episodio controvertido es el estand de grandes eventos de Fitur del año 2009. «Nunca antes había estado dentro de las competencias de la Agencia Valencia de Turismo». Se trataba de crear una imagen corporativa que pudiera aglutinar a los diferentes expositores. «Orange Market tenía la misma información que el resto de solicitantes». Era un sólo diseño y lo pagaba la AVT, ha remarcado.

El cambio de diseño no supuso un sobrecoste porque estaba ya incluido. En diciembre de 2008 se celebró una reunión de coordinación donde se presenta ese stand y allí también está Cándido Herrero como un enlace con los expositores para resolver incidencias. «A partir de ahí, Ibars no interviene más en este proceso». «No hay ni un sólo correo de mi mandante imponiendo o ordenando nada», ha insistido. De igual modo, ha recordado que todos los expositores sabían lo que tenía que abonar por su presencia en la feria.

El abogado no acierta a comprender el cambio de la Fiscalía. «Cuando no han podido demostrar que Camps diera órdenes, ahora dicen que se actuaba para agradarle». De igual modo, ha sostenido que a Ibars se le acusó en su origen de imponer la contratación a los expositores y ahora, en cambio, de contratar directamente a Orange Market. «No valen aquí referencias grandilocuentes sobre la corrupción para probar los hechos». Se ha pretendido, según este letrado, hacer creer que Ibars es una especie de «superwoman que con sus tentáculos intervenía en todo».

El letrado de Joaquín Tomas, responsable de Vaersa, ha criticado la infundada acusación de la Fiscalía porque no pudo existir malversación con el contrato de sensibilización porque el servicio sí que se prestó. Además, en el mismo sentido, ha precisado que no hubo un perjuicio para la Generalitat -el importe fue abonado por Ecoembes e incluso en un porcentaje superior al que le correspondía- y, por tanto, tampoco se da otro de los requisitos de la malversación. Ha puntualizado que las conformidades del resto de acusados -en algunos casos se ha reconocido la existencia de una malversación- no afectan a este particular.

La defensa de Alicia de Miguel, una de las tres exconselleras acusadas de prevaricación, ha ocupado cerca de una hora de la jornada vespertina. «Resulta chocante que se exija a la consellera una diligencia mayor que a la de sus directoras generales», resumió. El letrado ha repasado los testimonios favorables a la versión de la exdirigente popular frente a Enrique Navarro, el exjefe de gabinete, quien pactó con la Fiscalía antes del inicio de la vista y apuntó hacia su superiora.

El abogado ha recordado los testimonios que alejan a De Miguel del proceso de contratación y que subrayan que las facturas se pagan por cada una de las direcciones generales. «En ninguna parte de toda la documentación analizada, 1.000 tomos, aparece el nombre de Alicia de Miguel». Tampoco constan regalos «ni siquiera una felicitación navideña».

«Todo lo decidió Enrique Navarro», ha concluido. El letrado ha recordado cómo en el recurso del propio Navarro ante su procesamiento aportó toda una serie de certificaciones. «Así funcionaba este proceso». La única prueba en contra de De Miguel es la confesión de Navarro. «Sólo cuando declara como imputado -antes lo hizo como testigo- incrimina a De Miguel».

Además, esa confesión tiene ánimo exculpatorio a lo que suma el hecho de que es «funcionario de carrera», tiene una familia y «una vejez que asegurarse» frente a la petición de inhabilitación de nueve años. «Al final, se le ha hecho un traje a medida dejando la inhabilitación sólo para cargo público». El paquete de la conformidad, según esta tesis, incluía la acusación a De Miguel.

La conselleria, en tiempos de Alicia de Miguel, organizó 150 actos, pero sólo tres fueron organizados por Orange Market. El abogado ha querido diferenciar entre la actuación que supuestamente se produjo en otros departamentos autonómicos y los de Bienestar Social. Las facturas se pagan dentro del trimestre y la necesidad del servicio surge de la conselleria, no es propuesta por la Gürtel. «Ningún funcionario tenía un conocimiento cabal de que hubiera una unidad de gestión o un contubernio detrás de las contrataciones».

David Serra, otro de los acusados con mayor 'pedigree' en el sumario. Su nombre no es nuevo en este sumario. El que fuera vicesecretario regional del PP fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por la financiación ilegal del PP durante las elecciones de 2007 y 2008. Evitó la cárcel en el último momento tras abonar 150.000 euros.

Su defensa en este juicio ha explicado que no fue Serra quien llevó a Orange Market a trabajar en el Open de Tenis sino la propia organización del evento que buscaba a sus proveedores. Respecto al resto de las contrataciones desde la Conselleria de Deportes, los letrados han apuntado al órgano de contratación. «No hay correos entre Serra y los miembros de Gürtel», ha aseverado. Las cantidades se pagan por las respectivas secretarías autonómicas, de acuerdo a su competencia, aunque el servicio haya sido encargado por la Conselleria. «Desde luego, si se quiso hacer a escondidas no se pudo hacer peor».

También ha aprovechado para arremeter contra las conformidades que han pactado el resto de acusados, en especial, contra el testimonio de Isabel Jordán, trabajadora de la trama.