El abogado de Blasco, respecto a la confesión de los otros acusados: «Son pactos de conveniencia»

Rafael Blasco, por su parte, se mantuvo en su tesis. «Me ratifico. He sido escrupulosamente seguidor de la normativa en este caso». Añadió que no hay prueba alguna en la causa, «ni una firma mía o indicación a mis subordinados». «Nadie es capaz de entender el sufrimiento cuando se llevan 11 años con estas cosas y las secuelas que esto deja», resumió. Las afirmaciones de los otros acusados, efectuadas tras el acuerdo de colaboración, son «falsas», indicó tajante.

Javier Murcia, el informático, había aceptado cumplir una pena de un año de prisión; Tina Sanjuán, la secretaria de la conselleria, otro año de cárcel y, por último, el empresario Tauroni, un año y tres meses más por el fraude.

Esta idea, la de la relativizar las conformidades, ya había sido defendida con anterioridad por el abogado de Blasco durante su informe. «Dije que eran de conveniencia –en referencia a las confesiones– y quiero recordar las palabras de Tauroni en otro de los juicios de este caso: 'Todo no vale. Hay gente que actúa en defensa de su pellejo y si le dicen que tiene que entrar en la cárcel, dice todo menos la verdad...'».

El letrado subrayó la absoluta falta de pruebas contra su representado. De igual modo, recordó que los servicios –la asistencia informática– se prestaron y que su precio era de mercado. Por tanto, no existió malversación, incidió durante la exposición.

El abogado de Tauroni, por su parte, precisó que pese a que pactó una condena de un año y tres meses por estos hechos, no se le puede imponer pena alguna porque ya ha rebasado los ocho años del delito de malversación en las otras dos piezas. El castigo no puede ser más gravoso al juzgar por separado que en conjunto este tipo de macrocausas.

La defensa del informático Javier Murcia, quiso trasladar al tribunal las circunstancias en las que se produjo esa confesión y reclamó, sorprendentemente, una sentencia absolutoria. Recordó cómo, un día, le llamó el fiscal Vicente Torres y le trasladó: «Si Javier declara en estos términos no va ni a juicio». Así lo hizo, siempre según su versión de los hechos. Luego Torres fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y su compañero y sustituto, Jesús Carrasco, le comunicó que él «no se hacía cargo de lo que se había pactado».

Por eso, más tarde, la defensa firmó una conformidad con este fiscal, según relató. El letrado afirmó no entender cómo se rompió esa unidad de acción del ministerio fiscal y se mostró profundamente dolido. Idéntica situación comentó Blasco respecto al acuerdo que firmó y «llevé al notario» y luego con el cambio de fiscal no se respetó.

Los hechos se remontan a los años 2008 a 2011 y se ha investigado un presunto amaño de contratos informáticos adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni. Las firmas interpuestas recibían una comisión de alrededor del 7% del total del contrato.