El abogado de una exedil del PP insiste por novena vez en que el juez del pitufeo no le contesta desde 2018

Las defensas del caso Taula, la investigación de un supuesto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP, siguen quejándose de la inacción del juzgado que indaga sobre los hechos. Tras la apertura de un expediente al titular del órgano por parte del Poder Judicial, algunos abogados persisten en la ofensiva judicial para denunciar esta parálisis que ha supuesto «la aniquilación de sus derechos».

El letrado de Beatriz Simón ha sido uno de los más reivindicativos en la defensa de estas garantías. Recientemente ha presentado un escrito en el que critica que no recibe respuesta desde 2018. Además, culpa en parte a la Fiscalía de ser responsable de esta desidia porque tiene la obligación de impulsar el procedimiento y no lo ha hecho. Fue el ministerio fiscal, no obstante, el órgano que trasladó la falta de diligencia en este órgano al propio TSJ. Son varias las cuestiones que aguardan en un cajón a la espera de respuesta. En enero de 2018, el letrado pidió la separación de la causa en varias piezas. Por un lado, el supuesto blanqueo y, por otro, la investigación a Alfonso Grau por los delitos de la financiación ilegal del PP. Seis meses más tarde, solicitó el archivo de las actuaciones contra su representada, Beatriz Simón. Nunca le han dado contestación.

El escrito recuerda, además, cómo la investigación quedó ya agotada, sin posibilidad de prórroga, en diciembre de 2018. El titular no respondió a la prórroga presentada en su día por la Fiscalía. El final de los plazos se reconoció posteriormente por la juez sustituta. Debido al tiempo transcurrido, no había nada que resolver, indicó la responsable del juzgado en ese momento. «Veinticuatro meses, ni más ni menos, para constatar el vencimiento del plazo de instrucción, sin más explicación ni referencia legal, ni mucho menos –lo cual sería de agradecer en aras de la seguridad jurídica– expresión de la fecha concreta en que se considera oficialmente precluida la posibilidad de prorrogar la instrucción», recoge el escrito.

No es el único del medio centenar de investigados del PP en esta situación. Otros ediles del PP en la última etapa de Rita Barberá en el Consistorio también aguardan desde hace años el pronunciamiento del juez ante una petición de archivo. El letrado de Simón subraya que esta parálisis procesal ha supuesto la «aniquilación» de sus derechos.

La indignación entre las partes alcanza mayor intensidad porque el juez titular ha contado durante buena parte de la instrucción con un juez de refuerzo que, en teoría, le permitió centrarse en exclusiva en la macrocausa de Imelsa, un asunto que por su volumen y complejidad requiere de una gran dedicación de tiempo. La falta de actividad pese a esta ayuda en el día a día ha generado un profundo malestar en la propia presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, consciente de la situación que arrastra el órgano judicial. El esfuerzo de la juez sustituta, no obstante, ha permitido terminar las piezas de los zombies y del Bibliobus del Ayuntamiento de Valencia.

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