Cs abre la puerta a negociar con el Botánico para cambiar la ley de À Punt

El duro discurso contra los partidos del Botánico que ha caracterizado a Toni Cantó desde su retorno a la Comunitat no evitará que el portavoz de Ciudadanos intente llegar a determinados acuerdos con las formaciones de izquierda. El líder de la formación naranja está dispuesto a negociar con el PSPV, Compromís y Unidas Podemos para cambiar la ley de À Punt, una norma que aprobaron los tres partidos junto a Ciudadanos la anterior legislatura y que sus dirigentes, de una forma u otra, han admitido que no ha dado los resultados esperados.

Cantó abrió la puerta a esta posibilidad durante un desayuno informativo en el que fue claro al insistir «que hay que repensa À Punt» y en el que condicionó su apoyo a cualquier debate sobre el ente a esta cuestión. Una de las materias que deberán tratar los grupos parlamentarios de Les Corts en este arranque de curso político será la renovación de parte del consejo rector, el principal órgano de dirección de la radiotelevisión, que necesita una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara para salir adelante. Es decir, que el Botánico requiere el apoyo de uno de los partidos de la derecha para tener los votos necesarios.

Para el que fuera candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat ahora que se vuelve a abrir el melón de À Punt «no es el momento de poner parches» sino de configurar «una televisión del siglo XXI». Cantó consideró que es necesario crear un modelo económicamente sostenible tras los malos resultados financieros del anterior ejercicio y libre de injerencias políticas y emprender prácticas para tratar de aumentar la audiencia de la cadena (de apenas un 2,3%), que apuntó que en la actualidad es irrelevante.

El síndic de Ciudadanos cree que también es importante replantearse incluso la plantilla de un organismo que conforman casi en exclusiva extrabajadores de la extinta Canal 9 ya que apuntó «que la experiencia en otros medios no debería contar menos que haber estado en RTVV». Además, aprovechó para arremeter contra Empar Marco, directora general del ente, y afirmó que no basta con buscarle un sustituto (su salida está prevista para marzo) sino encontrar un buen equipo que la acompañe. Sobre quién sería la persona idónea para ocupar un cargo de estas características, Cantó no quiso mojarse aunque sí admitió que se inclina por «un perfil técnico».

Ciudadanos no es el único partido que aboga por cambiar la ley y es que desde el Botánico ya han apuntado que hay cuestiones que deberían matizarse. El PSPV es la formación que está más dispuesta a emprender una reforma de la norma aunque determinados dirigentes de Compromís y Unidas Podemos también hace falta una revisión. Sin embargo, la posible negociación se antoja difícil ya que cada grupo tiene prioridades diferentes. Si no pudiese haber un acuerdo y Ciudadanos cumpliese su palabra, el consejo rector no podría ser renovado y los cuatro miembros que van a ver finalizado su mandato en las próximas semanas estarían en funciones en un momento en el que se comenzará a buscar el relevo de Marco.

Por su parte, el PP también está dispuesto a mejorar la norma inicial.La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, aseguró ayer que su partido está abierto a introducir cambios en la ley de creación de À Punt, aprobada en 2016, aunque criticó que otros partidos "se rasguen ahora las vestiduras cuando consintieron y aplaudieron esa ley". "Hay quienes sabíamos desde el principio que esto no iba a funcionar", incidió Ortiz al recordar que los populares fueron los únicos que no votaron a favor de una norma que sí contó con el apoyo de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos.

Cantó aprovechó su comparecencia para establecer las prioridades de cara al nuevo curso político que ahora arranca. En Les Corts, aseguró que espera que los socios de los socialistas, Compromís y Unidas Podemos, voten a favor de constituir la comisión de investigación para analizar la operación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por la que se reestructuró la deuda de 1,3 millones de Grupo Zeta para propiciar que Editorial Prensa Ibérica (EPI) adquiriera la firma donde está integrada Pecsa, editora del periódico 'Mediterráneo'y, de la que Puig posee un 1,32% de las acciones.