La jueza abre juicio a Camps y los empresarios por las obras del circuito de la F-1

La titular del Juzgado de Instrucción 17 de Valencia, que procesó recientemente al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros ex altos cargos por la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Valencia,, ha dictado un auto por el que acuerda la apertura de juicio oral para los exresponsables políticos y varios empresarios. La resolución se produce en un momento en que el futuro de la causa es incierto, ya que la Audiencia debe todavía pronunciarse acerca del recurso presentado por los acusados y la fiscalía contra el auto de procesamiento.

Pero la jueza no ha querido aguardar el pronunciamiento de la Sala, que dejaría sin efecto las conclusiones de su instrucción, y ha optado por seguir adelante con el procedimiento. Mientras Anticorrupción mantiene que no hay delito de malversación y la prevaricación ha prescrito, la Abogacía de la Generalitat sostiene que sí se causó un perjuicio económico a la Administración, de aproximadamente 55 millones de euros.

La Audiencia podría dejar sin efecto la decisión de la jueza si acepta las tesis de la Fiscalía. En ese supuesto, la Abogacía quedaría al descubierto ya que las defensas arremeterían contra la Administración por no basar su actuación en criterios judiciales. La decisión de los funcionarios de acusar en solitario a Camps ha abierto una profunda brecha con la Fiscalía de Valencia. Del mismo modo, el cruce de acusaciones y reproches entre la jueza de Instrucción 17 y el responsable del Ministerio Público ha alcanzado una intensidad desconocida en asuntos de esta naturaleza.

El auto de apertura de juicio oral es una resolución que no se puede recurrir. Ahora, los letrados de los acusados tienen diez días para presentar los respectivos escritos de defensa.

La jueza, que también acuerda la apertura de juicio contra el exconseller Mario Flores y el exsecretario autonómico Sánchez Barcáiztegui, no ha abierto pieza de responsabilidad civil para los procesados, tal y como recoge en su auto. El motivo es que todavía no está clara qué cantidad se les exige a los encausados. La Generalitat en su escrito de acusación -pide siete años de cárcel para Camps- cifraba el perjuicio en 55 millones de euros porque consideraba que el resto, algo más de 40 millones, estaba cubierto por el convenio que el Ayuntamiento de Valencia tiene con el agente urbanizador del Grao, que debe correr con esos gastos iniciales. Pero la Abogacía de la Generalitat ha anunciado que concretará las cantidades en un informe sobre los sobrecostes y la necesidad de los modificados aprobados en las obras del circuito que ha encargado a la Conselleria de Infraestructuras. Ese dosier puede ser aportado en cualquier momento del procedimiento, sostienen fuentes judiciales. Las conclusiones serán determinantes para reclamar las supuestas responsabilidades. La causa cuenta ya con una pericial de la Intervención de la Generalitat en la que se sostiene que no hubo perjuicio para la Administración y, además, se respetó la legalidad.

La instructora, por otra parte, rechazó también ayer autorizar la realización del nuevo informe pericial dentro de la instrucción judicial. Insistió en los mismos argumentos que ya expuso en la anterior resolución, que no se dan los requisitos para reabrir la causa. Recuerda que los plazos se agotaron después de que nadie, ni el fiscal ni la Abogacía, pidiera una prórroga de las actuaciones.