Acció Cultural presiona al Consell para que TV3 se pueda ver en la Comunitat

Verano de 2015 y el Consell cambia de manos políticas. En una de las primeras comparecencias públicas de Mónica Oltra como portavoz del Gobierno valenciano se le pregunta por TV3, sobre cuándo a difundirse su señal en la Comunitat. La vicepresidenta despachó el asunto apelando a la reciprocidad. Es decir, que la televisión pública catalana se vería en la Comunitat cuando el ente televisivo valenciano se crease y su señal se recibiese en tierras catalanas. Jarro de agua fría para las entidades catalanistas, que debieron sentarse a esperar. Y esperaron tres años. À Punt comenzó a emitir en el verano de 2018. Ayer, la asociación Acció Cultural del País Valencià (ACPV) difundió un comunicado donde le recuerda al Consell la situación y le acusa de «mantener la censura impuesta por el PP».

Los servicios jurídicos de Presidencia de la Generalitat de Cataluña dieron recientemente luz verde a una nueva subvención a ACPV. Una ayuda de 652.300,97 euros, según la documentación que este diario desveló la pasada semana, dinero para atender el coste del préstamo hipotecario por la compra y adecuación del edificio 'El Siglo'. El conglomerado de fundaciones, institutos y entidades nacidas con el impulso del polémico editor Eliseu Climent han recibido más de 30,5 millones de euros de la Generalitat de Cataluña para implantar el catalanismo en la Comunitat, según los datos facilitados por el Govern catalán a preguntas parlamentarias de Ciudadanos. Desde 1984, han sido más de 250 contratos y subvenciones a entidades vinculadas con Climent: la Fundació Ausias March, la Ramon Muntaner, la Francesc Eiximenis, Acció Cultural del País Valencià, la Josep Renau, Edicions del Pais Valencià, la Ignasi Villalonga, la Institució Joan Fuster y Edicions del País Valencià.

París bien vale una misa. La ACPV le recordó ayer al Consell (que también le subvenciona generosamente) que hace ocho años, el 17 de febrero de 2011, se produjo el «cierre ilegal» de los últimos repetidores que emitían TV3 en la Comunitat. Esos repetidores son propiedad de ACPV, que sostiene que su cierre fue «producto de una acción ilegal del gobierno valenciano del PP» porque el Tribunal Supremo falló que el Consell «no tenía potestad legal para cerrar las emisiones de TV3» en la Comunitat. «Ocho años después, un hecho que el Supremo declaró ilegal no ha sido revertido», señaló la entidad, que añade que no puede reabrir sus repetidores «porque los equipos están obsoletos» y ACPV dice no poder comprar unos nuevos.

Ahora «es necesario que se cumpla la ley y, por tanto, se ejecute la reciprocidad de las emisiones de TV3 y À Punt», según Acció Cultural. «El Gobierno encabezado por el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra no ha revertido un acto ilegal cometido por el anterior Gobierno valenciano, ni ha ejecutado el acuerdo aprobado en Les Corts de reciprocidad de TV3 y la radio y televisión valencianas, siendo presidente Alberto Fabra», indica ACPV, que reclama al Consell la reciprocidad y afirma que no hay «ninguna razón para no hacerlo», si bien especula que quizá se trate de una «cesión» al «chantaje de la extrema derecha».

«Ocho años después, sólo reclamamos el cumplimiento de la ley, el respeto a las sentencias del Supremo y a los acuerdos de Les Corts, y la no aceptación a las prácticas de actos ilegales», afirma ACPV.