Acción Cívica apunta a Oltra, Ribó, Rodríguez y Lerma como los padrinos de los directivos enchufados en Divalterra

La jornada ha comenzado por la abogada de Acción Cívica. La organización considera que los hechos resultan «más sencillos que lo que plantea la defensa» y que han quedado suficientemente probados. «No han hecho otra cosa que repetir caso Taula o el yonki del dinero», como estrategia de defensa. «No nos importa cómo estaba la empresa antes de los nombramientos porque tampoco les importó a ellos», ha señalado.

«No disolvieron la empresa porque entonces Rodríguez no podía comprar la voluntad de personas afines«. De igual modo, la profesional ha insistido en que nunca se justificó la contratación de esas personas. «Todo fue un abuso de poder, de arbitrariedad». De hecho, nunca se llevó al consejo de administración y se ocultaron los informes negativos de las contrataciones a los consejeros que no formaban parte de los partidos de Gobierno.

«No hay nada que justifique las siete contrataciones. Los expedientes comenzaban con el contrato de alta dirección», lo que demostraba la ausencia de procesos previos de selección con los criterios que marca la función pública.

La abogada ha reconstruido todos los vínculos con los partidos políticos que tenían los altos directivos y por los que fueron «enchufados» por el PSPV y Compromís. Ha citado a Joan Ribó, Mónica Oltra, Jorge Rodríguez y Joan Lerma como los padrinos de algunos altos cargos.

Acción Cívica considera que no existe duda alguna de que en un empleo público se deben aplicar los criterios de mérito, capacidad y transparencia, pero se vulneraron para contratar a quién se había elegido previamente. «Se prescindió de todos los procedimientos administrativos», ha rematado. Respecto a las periciales, ha desacreditado un informe de Cosital, favorable a las defensas, porque el profesional está investigado en otro asunto de corrupción. «Es necesario parar con contundencia el expolio del dinero público», ha concluido la abogada. «La impunidad de la corrupción es un crimen en sí misma».

El Partido Popular, por su parte, ha lamentado que la Diputación «no haya movido ni un sólo dedo» para recuperar el dinero desviado en este asunto. También ha recordado el hecho de que la empresa pública no contara con un plan de prevención de delitos, frenado deliberadamente por el presidente cuando ya estaba redactado por un despacho externo. El partido no ha dudado a la hora de dirigir sus reproches hacia el principal acusado, Jorge Rodríguez, como ejecutor de todo el supuesto plan delictivo.