La deuda histórica, clave para el respaldo de Compromís a la presidencia de Sánchez

PSOE y Compromís se reunieron ayer en Valencia para profundizar en los detalles de un posible acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. La coalición nacionalista quiere obtener la máxima rentabilidad de un hipotético respaldo al presidente Pedro Sánchez y sobre la mesa ha puesto la mejora del sistema de financiación, una demanda que comparte también el PSPV y, en realidad, todos los grupos con representación en Les Corts. En el encuentro, celebrado en un hotel de Valencia, participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del ministro José Luis Ábalos y del presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. Por parte de Compromís, asistieron la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el diputado en el Congreso Joan Baldoví. El apoyo de Compromís tampoco resultaría decisivo en una sesión de investidura. A Sánchez, en realidad, le valen los votos favorables de Podemos y PNV para revalidar el Gobierno. Así que la negociación arranca, de entrada, en términos más favorables a los socialistas.

Con el escenario anterior, el primero en comparecer fue el ministro Ábalos, que quiso subrayar la sintonía con sus compañeros de reunión. «Vamos a seguir trabajando», anunció de entrada. Es decir, que no existe un acuerdo cerrado a día de hoy. Pero sí hay un cierto optimismo en las filas socialistas porque «en lo sustancial hay acuerdo». También el PSPV reconoce la insuficiencia del sistema de financiación, que lastra el crecimiento de la Comunitat desde hace años.

El Gobierno y Compromís trabajan sobre un documento previo, anterior a la primera investidura, en el que ahora la coalición realizará algunas modificaciones. Baldoví considera que el principal obstáculo a día de hoy es el tratamiento de la deuda. Una parte importante del presupuesto de la Comunitat se destina al pago de la deuda que ha acumulado la región, alrededor de 20.000 millones de euros. El documento inicial hablaba de «estudiar» esta situación. Pero Baldoví quiere que el acuerdo final, en caso de materializarse, incorpore un verbo que transmita un compromiso, algo que permita aligerar la carga que soportan los presupuestos de la región por una «deuda que no hemos generado nosotros».

El diputado explicó que la propuesta que quieren del Gobierno es que en los próximos ocho meses, después de la legislatura, exista un documento con una propuesta para reformular el sistema. Y, a partir de ahí, que se debata con las propuestas de las diferentes autonomías. «Muy probablemente será un compromiso que pueda aceptar el Gobierno», adelantó a los medios de comunicación.

El dirigente aportó otras dos iniciativas para que la Generalitat reciba recursos adicionales mientras se realiza el nuevo sistema, como el fondo de garantía sanitaria, «una compensación por el mayor esfuerzo con el gasto sanitario en los meses de verano»; o que el 50% de la subida del IVA de 2012, de la que el Estado se reservó el 100%, recaiga en las comunidades autónomas. «No solo en la nuestra», aclaró.

El primero de los apuntes consiste en algo más de 300 millones de euros por la atención tanto a los turistas nacionales como los extranjeros. La región se encuentra especialmente afectada por esta circunstancia ya que es una de las grandes receptoras de visitantes.

Asimismo, insistió en la idea de «añadir algo más» a la última propuesta sobre la deuda que envió el PSOE a la coalición. «La última propuesta hablaba de estudiar la deuda, está estudiada y reestudiada. Hay que poner otro verbo o añadir algo que signifique un compromiso claro por parte del próximo gobierno», subrayó.

Además, reclamó que el Gobierno se comprometa a asumir el 50 por ciento del sistema de dependencia en los próximos cuatro años y que en los primeros dos ejercicios deberá hacerse cargo como mínimo del 25%. «Queremos un compromiso firme, no vamos a seguir siendo las comunidades las que financiemos la mayor parte del sistema. Actualmente financiamos el 88%, una cantidad a todas luces excesiva», lamentó.

También en el acuerdo general se incluye la explotación de la autopista AP-7 tras su liberalización y la deuda del Consorcio Valencia 2007. Respecto a este último particular, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya aseguró en su día que el Gobierno asumirá la deuda del Consorcio con el ICO por ser «un compromiso ineludible» y que ya quedó recogido en los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Pedro Sánchez no pudo aprobar. De hecho, entonces el proyecto de las cuentas que fue devuelto al Gobierno recogía en una Disposición Adicional Específica que el Estado absorbería la deuda del Consorcio Valencia 2007 con el Instituto de Crédito Oficial y condonaría su deuda con el Tesoro Público, ambas valoradas en unos 373 millones de euros.