Rus acusa a Anticorrupción de acudir al rescate de Benavent

Alfonso Rus contraataca. El expresidente de la Diputación de Valencia y principal acusado de toda la trama de corrupción bautizada como el caso Imelsa acusa a la fiscalía Anticorrupción de acudir «al rescate» del exgerente de la empresa pública, Marcos Benavent. La recriminación se recoge en el recurso de apelación de Rus ante la inhibición del juzgado de Intrucción 9, que tramitaba la denuncia de la Diputación contra Benavent por el amaño de un taller de empleo en Llutxent. El juzgado, en la parte final de la causa, decidió abstenerse y enviar el asunto a Instrucción 18, órgano que instruye la macrocausa.

La defensa de Rus sostiene que el primer fiscal que se encargaba del caso había solicitado pena de prisión para el exgerente de Imelsa momento en el que Anticorrupción asumió las diligencias. Benavent, en su última comparecencia en el juzgado, declaró que procedió al amaño del contrato porque Alfonso Rus le había pedido 30.000 euros para el Olimpic de Xàtiva, club que presidía.

La inhibición que se ha acordado implica, según la defensa de Rus, "patente de corso" para que cualquier hecho delictivo supuestamente cometido por el exgerente se acumule en la macrocausa aunque carezca de relación real con los hechos que allí se investigan.

El expresidente Rus está citado hoy a declarar por el supuesto blanqueo de capitales del exdirigente del PP. Esta causa analiza una operativa de blanqueo de capitales a través de compraventas simuladas de acciones por distintas sociedades, según la información que consta en la última Memoria de la Fiscalía Anticorrupción.

Las pesquisas pivotan alrededor de la compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario. También está investigado el empresario Jaime Cabot. Las pesquisas de esta última firma terminaron en Brasil donde tenía la filial Geneva Patrimonial Inmobiliaria Do Brasil.

Sin embargo, la pericial clave para acreditar toda esta operativa delictiva está pendiente desde hace tres años. El juzgado volvió a cursar la petición con los nuevos datos que reclamaron las autoridades brasileñas. Desde entonces, no se tienen noticias.