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La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) ha detectado la existencia de una práctica irregular que consistía en desviar fondos del sueldo y dietas de los diputados europeos y parte de su personal a las cuentas de sus respectivos partido políticos, una vía de financiación que la UE prohíbe expresamente. Las autoridades entienden que esto no garantiza la total independencia de sus representantes políticos.
Las pesquisas de este organismo independiente afectan a los diputados de Izquierda Unida durante el periodo de 2014 a 2019., según adelantó El Mundo. Entre ellos figura la valenciana Marina Albiol, que fue la portavoz de IU en el Parlamento Europeo. La dirigente dimitió a finales de 2018 después de que la dirección general, encabezada por el actual ministro Alberto Garzón, no interviniera ante las denuncias por varios casos de acoso laboral, moral y físico por parte de eurodiputados a dos trabajadores de su delegación. Una inacción que la diputada consideraba impropia de una formación de izquierdas.
LAS PROVINCIAS trató ayer sin éxito de contactar con la responsable para que explicara las circunstancias y cantidad de estas donaciones de su sueldo al partido. Ser eurodiputado es uno de los mejores puestos que a día de hoy puede tener un político. El sueldo neto ronda los 6.500 euros al mes, pero a esa cifra hay que sumar unas dietas de algo más de 300 euros al día por cada jornada en la que desempeñan su función. Estos gastos no requieren justificación de ningún tipo. Una buena suma de dinero que sobrepasa la del presidente del Gobierno o la de numerosos presidentes autonómicos.
Las pesquisas de la Olaf han concluido hace unos meses, según recoge el comunicado de la propia organización que, sin embargo, no identifica a los infractores. El montante total del dinero suministrado desde Bruselas supera los 600.000 euros a lo largo de varios ejercicios.
Rosa Pérez Garijo, coordinadora de Esquerra Unida, explicó que el partido en sus estatutos tiene recogido que los representantes públicos donarán parte de su sueldo al partido. En concreto, se estableció que fuera toda cantidad superior al triple del salario mínimo interprofesional, aunque esta cifra ha quedado desfasada porque se hizo con un sueldo mínimo muy inferior al actual, que ronda los 1.000 euros tras el último acuerdo del PSPV y Podemos. Y esto es lo que hizo Albiol, sostuvo la responsable. La Olaf precisa que se firmó un acuerdo especial para la delegación de eurodiputados.
Estas donaciones dependen también de las circunstancias personales del alto cargo. Por ejemplo, si tiene hijos, personas dependientes a su cargo o si contaba con un puesto de trabajo antes de lograr un cargo de representación.
Desde la dirección nacional del partido presumieron de que sus cargos públicos contribuyan de esta manera «al mantenimiento y fortalecimiento de la acción política de nuestra organización». Destacaron, además, que ese dinero se declara al Tribunal de Cuentas y es auditado cada año, sin que haya sido detectada irregularidad ninguna.
La formación afirma que al finalizar la investigación, a principios de enero, OLAF informó por carta a los antiguos eurodiputados de que habían remitido el informe final al Parlamento y harían una serie de recomendaciones administrativas, pero «en ningún momento se hablaba de incumplimientos del Reglamento», según la formación.
El organismo de lucha contra el fraude admite que no existen mecanismos legales para recuperar el dinero. Pero sí recomienda que la UE debería tener medidas efectivas para evitar este incumplimiento de las normas y lograr el reintegro del dinero.
La segunda de las pesquisas de la organización señala que otro grupo de eurodiputados pagó entre 3.000 y 4.000 euros al mes a su partido hasta un total de más de 540.000 euros en los cinco años que duró la pasada legislatura. Estas irregularidades afectarían a los grupo griego de derecha radical de Amanecer Dorado.
El PP criticó ayer con dureza la decisión del Consell de contratar a una empresa externa para la captación de ayudas de fondos de la UE para la Comunitat. El coste del servicio durante dos meses asciende a 120.000 euros. Se da la circunstancia de que el Consell cuenta con numerosos altos cargos dedicados supuestamente a esta labor. Felipe Carrasco, portavoz de sectores productivos del Grupo Parlamentario Popular, se preguntó «¿a qué se dedican el secretario autonómico para la Unión Europea, la directora general de Relaciones con la Unión Europea, el director general de Fondos Europeos, el resto de altos cargos, sus equipos y los técnicos de los que dispone la Generalitat en las distintas consellerias?». Los populares consideraron que esta iniciativa lo que demuestra es que sobran altos cargos «y que hace falta que Ximo Puig afronte un adelgazamiento de su administración para hacerla más eficaz ante la crisis social y económica»
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