Los 85.000 euros de gastos indebidos del exdirector de Vaersa han prescrito

Felipe Espinosa Bolaños fue director de Vaersa en la etapa del PP, una de esas mercantiles trufadas de malas prácticas. El exdirectivo es un viejo conocido de la Ciudad de la Justicia. Fue investigado en su día por la visita del Papa a Valencia y ha sido condenado por otras irregularidades, como pagos irregulares de la productividad o las deficiencias en la compra de todoterrenos para la firma pública. Lo de este lunes es menos relevante en términos económicos, pero daña más su imagen que todos los asuntos anteriores.

Ahora se enfrenta a un jurado por los cargos que hizo con la tarjeta de la empresa. Se trataba de gastos en restaurantes, compras en el Corte Inglés, revisiones en el concesionario Jaguar-Land Rover y otros desembolsos de menor glamour, como Consum y gasolineras. Especial predilección tenía el exdirigente por el club social de Alfinach, exclusiva urbanización cercana a Valencia. Sólo en restaurantes, por concretar la magnitud del fraude, se efectuaron cargos por importe de 54.000 euros. También se recoge en los escritos de acusación, por ejemplo, algunos apuntes (800 euros) en la estación de esquí de Grandvalira. Pero la responsabilidad penal por la mayoría de estos gastos ha prescrito. Sólo se discuten 19.000 euros de un semestre del ejercicio 2011.

La defensa del abogado, en cambio, sostiene que nadie le dio indicaciones de uso de la tarjeta. En cualquier caso, aclara que la utilizó para fines propios de su cargo. «Están más que justificados», añadió. Por ejemplo, el combustible por sus desplazamientos a sedes y reuniones. El acusado carece de justificantes en papel porque se los entregó en su día a la empresa. Es decir, que la sociedad conocía todos estos desembolsos desde el primer momento y pasaban hasta seis filtros. «Nunca fueron cuestionados», resume la defensa. En un afán por barnizar la causa de batalla política indicó que las cuentas de la empresa se aprobaban con conocimiento de los consellers responsables como González Pons, García Antón, Juan Cotino e Isabel Bonig. Al igual que ocurre con cualquier otra sociedad de la Generalitat.

El acusado ha efectuado un ingreso de cerca de 20.000 euros por la responsabilidad civil para que conste como atenuante de reparación del daño en caso de una eventual condena. El juicio arrancó pasadas las doce del mediodía después de la elección de los miembros del jurado. La Fiscalía, en su turno para explicar su posición al tribunal popular, criticó el dispendio con la tarjeta y el hecho de que algunos cargos fueran durante el fin de semana. «A este hombre habría que darle la medalla al mérito del trabajo», ironizó.

El letrado de Espinosa mantuvo que todas las facturas tienen justificación. «Todo el movimiento de la tarjeta era conocido por la empresa», insistió. Aportó algunos razonamientos como el de que su cliente, que manejaba un presupuesto de 16.000 millones de pesetas, si quiere ser «un golfo» no saca dinero del cajero y lo comunica. «Sería de ser tonto», precisó. De igual modo, recordó que la denuncia no se interpone hasta octubre de 2015 tras la llegada del Botánico. De nuevo, sacó a relucir la persecución política.

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