Un acusado por la visita del Papa consigue plaza en la nueva RTVV

Uno de los acusados por las contrataciones irregulares en la retransmisión de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 tiene plaza en la nueva RTVV. El Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) así lo publicó el pasado 18 de agosto. Benjamín Íñiguez Escuder, ex jefe de compras de la antigua radiotelevisión autonómica, será contratado temporalmente como técnico en gestión económica y administrativa de Àpunt. Íñiguez es el número uno en las listas definitivas con 33,50 puntos. Será una de las cuatro personas que necesita la Corporación para desarrollar esa labor en el departamento de contratación.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Íñiguez, en una de las piezas separadas de la trama Gürtel, 10 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones y falsedad documental, cometidos durante su etapa como empleado en la extinta RTVV. Asimismo, el Ministerio público pide 28 años de inhabilitación de empleo o cargo público.

La disposición transitoria novena de la ley de creación de la CVMC recoge que cualquiera puede presentarse a las bolsas de trabajo de la Corporación. Un sistema arriesgado, ya que permite que algún candidato con un pasado turbio durante su etapa en la anterior radiotelevisión pueda volver a ocupar un puesto en la nueva, y más aún si cuentan con ventaja sobre el resto por esa condición de extrabajadores, como es el caso de Íñiguez. La causa que le ha salpicado está pendiente de juicio. Mientras se desarrolla el mismo y hasta que la sentencia del tribunal sea firme, podrá seguir trabajando en el nuevo ente autonómico. La duración de su contrato temporal no está especificada. La fiscalía le atribuye un papel relevante en la confección de un «expediente ficticio para la contratación del suministro de alquiler de equipamiento de pantallas de vídeo, sonido y megafonía» a una empresa instrumental del 'grupo Correa' (Teconsa) «por un precio desorbitado», siete millones y medio de euros. Esta operación de adjudicación y contratación por parte de Televisión Valenciana SA (TVV) hizo posible la sustracción de fondos públicos de RTVV.

La lista de actividades ilegales en las que Íñiguez participó como jefe de unidad de compras del antiguo ente y secretario de la mesa de contratación es extensa. Así lo indica el Ministerio público en su escrito de acusación. Al próximo técnico encargado de gestionar el pago de servicios de Àpunt se le acusa de haber participado de manera intencionada en la «tardía incoación del expediente de contratación» de Teconsa. Además, la acusación pública mantiene que intervino en «la omisión de cursar invitaciones a empresas capacitadas» para presentarse en el procedimiento y en «la omisión de un precio cierto y determinado para la licitación y de un pliego de prescripciones técnicas completo».

Íñiguez también habría vulnerado de manera «consciente la normativa administrativa de subcontratación» y manipulado «las fechas de creación de documentos esenciales que conformaban el expediente de contratación y de datos en ellos contenidos».

Asimismo, al ex jefe de compras de RTVV, se le acusa de guardar durante tres días el acta de la mesa de contratación. El contenido de la misma fue ocultado por Íñiguez el 5 de mayo de 2006 pese a no constar su celebración hasta el día 8 de ese mes. Tanto ese documento como la resolución de la adjudicación fueron impresas para la firma el 1 de junio.

Las sociedades del 'grupo Correa' obtenían un beneficio «personal» con cargo al erario público mediante la entrega de gratificaciones a funcionarios y autoridades, enmascarando sus ganancias a través de un entramado de empresas y testaferros y aprovechando los «estrechos» contactos que Álvaro Pérez, 'El Bigotes', tenía con el entonces director general de RTVV, Pedro García Gimeno, para quien la Fiscalía solicita 40 años de prisión. García Gimeno, al margen de sus competencias informativas, subcontrató «ilícitamente» a la constructora Teconsa en un procedimiento de urgencia, sin publicidad y «vulnerando conscientemente» las normas de contratación pública, para que se ocupara de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a cambio de un precio «desorbitado» de 7.493.600 euros, lo que le permitió «sustraer fondos de la televisión pública y repartírselos con miembros del 'grupo Correa'». El contrato ilícito del alquiler de equipamiento de pantallas de video, megafonía y sonido fue formalizado el 10 de mayo de 2006 y permitió repartirse una suma de 3,3 millones de euros.