El nuevo juicio a Blasco, suspendido tras ser trasladado al hospital un acusado

Una indisposición de uno de los acusados en el caso Cooperación, el exinformático de la Conselleria de Solidaridad, Javier Murcia, generó ayer verdaderos momentos de angustia en la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia. El juicio había arrancado a las diez y media de la mañana, con cierto retraso. Al cabo de unos diez minutos, cuando el fiscal había terminado su exposición, Murcia se levantó sin previo aviso de su silla se dirigió a la mesa del tribunal. En ese momento, justo al llegar a su altura, se desplomó. La conmoción fue mayúscula entre abogados, acusados, magistrados y público. Un médico forense se desplazó a la Sala -no con la diligencia esperada ante una urgencia de esta naturaleza, según se quejó una magistrada- y atendió a la víctima. Minutos más tarde, una ambulancia llegaba al edificio judicial para proceder al traslado del hombre. Fuentes presentes en la Sala comentaban, de acuerdo a los síntomas, la posibilidad de un infarto.

Un proceso como este, con la enorme presión mediática y personal, suele pasar factura. Murcia fue trasladado con urgencia al centro hospitalario donde fue operado nada más llegar. Al cierre de esta edición, se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sus problemas de salud comenzaron, al parecer, al iniciarse la instrucción de este asunto.

El juicio, lógicamente pasó ayer a un segundo plano tras la emergencia médica que dejó a los presentes en la sala con un gran impacto emocional. La vista se suspendió y se reanudará el próximo 29 de marzo si las circunstancias lo permiten. Algunos acusados de esta quinta pieza del caso Cooperación negociaban el martes a contrarreloj un acuerdo que les permitiera evitar el juicio previsto para esta mañana. El proceso aborda el amaño de los contratos de informática en la Conselleria de Solidaridad. El empresario Augusto César Tauroni y la exsecretaria de la Conselleria Tina Sanjuán eran los más interesados en cerrar este episodio judicial de la forma menos lesiva posible. También el informático, según estas mismas fuentes estaría dispuesto a admitir los hechos. Las fuentes consultadas daban prácticamente por cerrado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Faltaban por sumarse -o no- el resto de las acusaciones, la Generalitat y la coordinadora de las ONG's.

La conformidad es hasta cierto punto lógica, más todavía si tenemos en cuenta que ya confesaron su participación en la trama en las piezas 2 y 3, las que enjuiciaron el fallido hospital de Haití y subvenciones de menor cuantía a otras entidades sin ánimo de lucro.

Los hechos bajo investigación se remontan al periodo 2008-2011. La conselleria debía renovar diferentes contratos en el departamento de informática. De nuevo Blasco, según la fiscalía, se concertó con Tauroni para que sus empresas se quedaran con el servicio. Para ello encargó a Tina Sanjuán, persona de su máxima confianza, que hiciera todas las gestiones necesarias para amañar los concursos a favor de su empresario de cabecera. Esta no dudó en cumplir las órdenes y se lo comunicó al responsable de informática de la conselleria.

Tauroni y Sanjuán decidieron que lo más beneficioso para sus intereses sería acudir a un procedimiento llamado de contratación centralizada a través de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda, mediante empresas adheridas a la central de compras del Estado.

Fue entonces cuando contactaron con Fujitsu e Indra, dos firmas con acceso a la citada plataforma, para que posteriormente estas subcontrataran a Dinamize, una de las sociedades de Tauroni. De esta forma se conseguía ocultar que el amigo de Blasco era el verdadero beneficiario de todo el proceso. El montante del fraude se sitúa en el millón de euros aproximadamente.

En otros contratos de menor cuantía, se optó por el procedimiento negociado sin publicidad, que permitía la invitación de tan solo tres empresas. Era Tauroni el que directamente o a través de comerciales contactaba con estas mercantiles para «convenir» con la misma la subcontratación de los servicios.