Acusados de Gürtel ya manejan un borrador de Anticorrupción para reconocer su culpabilidad

Las negociaciones de algunos acusados en la pieza 5 de Gürtel con la Fiscalía Anticorrupción siguen adelante. Lejos de enfriarse, las propuestas empiezan a tomar cuerpo. De hecho, los procesados más proclives a un pacto con la Fiscalía con el que evitar la cárcel ya manejan un «borrador» por parte de la acusación pública.

Este escrito, de momento un bosquejo, serviría para poder rebajar la pena ya que Anticorrupción aplicaría una analógica de confesión pese a que esta atenuante, en puridad, sólo se puede recoger como tal cuando la confesión se produce con anterioridad a que el acusado conozca que el procedimiento penal se dirige contra él.

El borrador, que debería entregarse firmado por los procesados antes del inicio de la vista oral, supone un reconocimiento de hechos delictivos, pero también la aceptación de que los acusados actuaron siguiendo órdenes de sus superiores.

Estas conformidades, en caso de llegar a buen puerto, pueden complicar el futuro del expresidente Francisco Camps, el imputado más relevante de este asunto. El ministerio público trata de lograr a través de estos acuerdos previos, pruebas más sólidas contra el exdirigente popular. Camps está convencido de que no se sentará en el banquillo, pero no dice de qué forma conseguirá evitarlo.

Otras atenuantes que podrían aplicarse en estas conformidades es la de ña reparación del daño, ya que estos pactos para no ingresar en prisión pasan por abonar la responsabilidad civil. Se podría hablar incluso de dilaciones indebidas. Se trata de una de las piezas de Gürtel, la última que queda por juzgar. Pero es que, además, la causa se reabrió una vez ya terminada para incluir a Camps como acusado tras la colaboración y confesión del que fuera su mano derecha, Ricardo Costa.

El juicio volverá a sentar a Francisco Camps en el banquillo tras la absolución en el famoso caso de los trajes. El proceso amenaza con convertirse en munición electoral. Las sesiones arrancan en enero, pero hay señalamientos hasta el mes de mayo. Es decir, en plena campaña electoral de las autonómicas y municipales. Unos comicios donde las encuestas vuelven a señalar un empate entre bloques.

Fiscalía trabaja para obtener conformidades en el grupo de a quienes se les reclama penas de cárcel. Ahí figuran, por ejemplo, la responsable de la Fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero (cinco años y seis meses) , el exsubdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós (cuatro años y siete meses) y el ex director general de la empresa pública Vaersa Juan Miguel Bellver (siete años). Este última ha fallecido.

Además, Anticorrupción pide prisión para el jefe del área de Comunicación de Vaersa Antonio Santo Juan (siete años) que también ha fallecido, para el exdirector del gabinete jurídico de Vaersa Joaquín Fernando Tomás Font de Mora (tres años) y para el exdirector de gabinete del Sepiva Enrique Bort (cuatro años). El ex alto cargo José Manuel Vidal, por ejemplo, también se enfrenta a seis meses.

Existen otros excargos del Consell con cierta relevancia, como los casos de Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera. Todos fueron consellers de Bienestar Social y de Sanidad en los Gobiernos de Francisco Camps. Se enfrentan a condenas por prevaricación, pero este delito no comporta pena de prisión. Únicamente podrían ser condenados a una inhabilitación. Este futurible hoy no es motivo de preocupación para los exdirigentes, ya alejados de la vida política.

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