Acusados de la visita del Papa negocian con fiscalía un pacto de menos de dos años de cárcel

El juicio por la adjudicación de las pantallas en la visita del Papa comienza en la Audiencia Nacional en apenas dos semanas. Las negociaciones para alcanzar acuerdos de conformidad se han intensificado a medida que se acerca la fecha de la vista. Existe la posibilidad de cerrar el caso para un grupo de acusados por debajo de los dos años de cárcel. En concreto, los principales interesados serían miembros de la mesa de contratación de RTVV, según trasladaron fuentes judiciales. Este órgano estaba formado por ocho acusados.

La fiscalía sostiene que se aprobó la adjudicación a Teconsa pese a no tener constancia de las distintas ofertas ni de un informe técnico y conscientes de la "gravísima vulneración" de las normas de contratación pública que se había producido.Entre ellas, que la empresa seleccionada no reunía los requisitos para ejecutar el objeto del contrato y que el precio aprobado para su ejecución era notoriamente superior al del servicio que se iba a prestar.

La acusación pública tendría en cuenta la atenuante de confesión para reducir el castigo por debajo del umbral que evita la entrada en prisión. Las intenciones de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', de dinamitar el juicio y cargar absolutamente contra todos puede hacer que algunos investigados prefieran asegurarse un futuro sin complicaciones más allá de las ya conocidas. Hay que tener en cuenta que los miembros de la mesa de contratación se enfrentan a penas elevadísimas. Así, según la calificación provisional, se solicitan penas alrededor de diez años de cárcel. No es la primera vez que acusados de la trama Gürtel alcanzan un acuerdo con la fiscalía. Ya ocurrió, por ejemplo, con los empresarios que admitieron haber financiado las campañas electorales del PP de la Comunitat para evitar la cárcel.

El coste de los servicios de megafonía y pantallas se fijó en siete millones por los investigados, quienes a través de RTVV se lo adjudicaron a Teconsa, una empresa pantalla del grupo de Francisco Correa. Posteriormente, el dinero extra, alrededor de tres millones de euros, se repartió en diferentes comisiones. Parte de estas cantidades fueron a parar al exdirector general de RTVV, Pedro García, siempre según las conclusiones alcanzadas en la instrucción judicial. Este ex alto cargo sería otro de los interesados en una conformidad que le rebajaran la pena a cambio de admitir los hechos.

Entre los acusados, el político más relevante que se sentará en el banquillo es el expresidente de Les Corts Juan Cotino. Anticorrupción le pide once años de cárcel al considerar que promovió "activamente" la contratación de las empresas de la trama Gürtel para servicios durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Sostiene el Ministerio Público que Cotino pese a no ostentar "cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana Encuentro Mundial de la Familia ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsaba activamente y gestionaba 'de facto' la contratación" de las pantallas y megafonía utilizadas en la visita del Papa. Pero el expolítico popular, también investigado en el caso Erial junto a Eduardo Zaplana, planea dar batalla en la vista.